México tiene que transformar la forma en cómo viene ejerciendo el poder, y lo tiene que empezar este año 2021. Empezando con dar los primeros pasos en el fortalecimiento de la división de poderes, eso es lo que nos exige la sociedad y lo que nos conviene como nación.

El objetivo principal de un país, es tener instituciones fuertes, un gobierno respetable por la sociedad y trabajar para dejar un mejor país a las futuras generaciones.

México no goza de un buen sistema en el ejercicio del poder, se siguen polarizando los temas importantes para su desarrollo, si se sigue así, no se avanzará, pero si esta actitud de confrontación entre; gobierno, sistema político y una gran parte de la sociedad, se cambia con sentido constructivo, empezaremos a doblar la curva de la polarización y al mimos tiempo, empezaremos a construir, una democracia más recta, en donde todos los sectores de la población puedan transitar.

Para lograrlo, es importante fortalecer la división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), éstos tienen que trabajar en sintonía y en sinergia, respetando cada uno sus funciones, sin intromisión de ninguno de ellos en el quehacer del otro, si se sigue haciendo, generará más debilitamiento y al tiempo, la destrucción social.

Por ello es que, el país sí puede transitar hacia el fortalecimiento de sus instituciones. Este año 2021 debe ser un parteaguas para que, el poder ejecutivo, sea una institución, que lleve a cabo su función al máximo de su capacidad de eficiencia, enaltecimiento la calidad y el buen desempeño, que garantice la medida exacta de generar buenos resultados, está obligado a ayudar a los otros dos poderes, así como a todos los órganos autónomos e independientes que, de acuerdo a su competencia, se relacionan con él. Ineludiblemente tiene que respetar los derechos humanos, además de investigar las causas que los violentan y erradicarlas, con medidas administrativas de no repetición.

El órgano legislativo, necesita transitar hacia un poder, en el que la sociedad confíe, que le de cabida a la democracia participativa, que escuche la opinión del pueblo antes de legislar, que emita leyes única y exclusivamente que protejan los derechos humanos, que investigue aquellas causas que los violentan y emitir resoluciones para erradicar esas causas victimizantes; pero, sobre todo, que trabaje en sinergia con el resto de los poderes del Estado.

En el caso del poder judicial, tiene un reto fundamental, que tiene que ejercer ya, sus acciones deben ir encaminadas a hacer cumplir la ley para hacer justicia, interpretarla para resolver problemas en lo individual y colectivo de casos complejos, interpretar la ley exclusivamente para proteger la dignidad humana, pero como este poder es la institución frontera que puede evitar una violación a derechos, es fundamental que este poder se fortalezca, pues sí tenemos la independencia y buena estructura de este poder en México pero no lo vivimos.

De igual forma los órganos autónomos del Estado, deben de llevar su función cumpliendo con el único fin del Estado que es, proteger la dignidad humana.

Parafraseando al filósofo argentino Rodolfo Luis Vigo, en su obra magistral de la ley y al derecho, necesitamos que el siglo XXI se caracterice por tener un sistema de gobierno que aplique el derecho para proteger la dignidad humana y esa función la debe tener presente la división de poderes.

Por esos importante que, a partir de este año, nuestro país tiene como reto, la transformación gradual del en el fortalecimiento del poder ejecutivo, del legislativo y del poder judicial y sus organismos autónomos, además deberá ir acompañado de esa misma transformación de pensamiento por la sociedad misma.

En busca de la sinergia institucional y hacia un nuevo pensamiento social, es urgente fortalecer la división de poderes en México y que cada quien en su encomienda investigue las causas que los debilita y las erradique.

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