Fue entrando la noche del martes cuando el presidente Donald Trump anunció que iba a poner una pausa en el sistema migratorio de Estados Unidos para ayudar a los trabajadores de su país en medio de una crisis económica sin precedentes modernos. Al día siguiente, sus asesores en la Casa Blanca y las secretarías encargadas de Seguridad Interna y Justicia se apresuraron para entender qué quería el presidente y cómo iban a cumplir con este nuevo mandato.
No sería la primera vez que un tuit presidencial tomara de sorpresa a gran parte de la administración —así también pasó con la amenaza de gravar el comercio con México en mayo del año pasado—pero de nuevo confrontaban el reto de interpretar los deseos del mandatorio dentro de las posibilidades de la política pública. ¿Qué quiere decir poner pausa en la migración de todo el mundo? ¿Y bajo qué autoridades el presidente lo puede hacer mientras hay leyes del Congreso que rigen la política migratoria?
Al final sacaron una orden ejecutiva mucho más acotada para poner pausa en las solicitudes para residencia permanente (green cards) por dos meses, y sólo las que se piden desde afuera del país y que no corresponden a peticiones por cuestión de trabajo o de hijos menores o cónyuges de ciudadanos estadounidenses. Mis colegas del Instituto de Políticas Migratorias (MPI) calculan que podría llegar a afectar hasta un poco más de 100 mil personas en total, quienes tendrían una demora leve en el proceso de recibir la residencia permanente. Sin embargo, como la mayoría de consulados estadounidenses permanecen cerrados aún, de todos modos no se estaban procesando estas solicitudes.
Por un lado, es posible que Trump haya logrado lo que quería: mediáticamente declarar la guerra a la migración, algo que le gusta a parte de su base política, sin realmente hacer nada que impidiera el flujo migratorio al país, algo que habría generado reacciones negativas de parte de la comunidad empresarial y muchos ciudadanos estadounidenses. Pero por otro lado, también es posible que sea el inicio de nuevos esfuerzos de la administración Trump para limitar la migración legal, algo que había sido un anhelo de algunos de sus asesores desde hace tres años. Aparte, Trump pidió a las secretarías y agencias del gobierno que evaluaran otras opciones para limitar otras clases de visas, sin comprometerse a hacerlo.
Ahí radica una ambigüedad constante en la presidencia de Donald Trump. Si bien es sabido que es un opositor férreo de la migración irregular, y en medio de esta crisis ha logrado cerrar casi completamente la frontera entre México y Estados Unidos, regresando (casi) todos los migrantes irregulares a México en una o dos horas, su posición en cuanto a la migración legal es mucho menos clara. A veces habla de la necesidad de limitar el numero de visas, y hace un par de años apoyó una iniciativa legislativa (que nunca prosperó) para cortar el número de visas a la mitad. Pero otras veces, parece apoyar la migración legal, sobre todo para el trabajo temporal, algo que usó mucho cuando era magnate de hoteles.
Esto tiene mucha relevancia para México, porque ahora la gran mayoría de mexicanos no cruza la frontera brincando de un lado a otro, sino con papeles legales, muchas veces para el trabajo y otras veces por las solicitudes de familiares. Como diría el cantante Juan Luis Guerra, llegan al país portando su “visa para un sueño” de empezar su vida de nuevo al norte de la frontera, o de trabajar y ganar dinero por unos meses ahí, por la solicitud de familiares o de empresas en Estados Unidos. Cualquier intento de limitar las visas legales tendría aún más efectos en la migración mexicana de lo que pasa con la migración irregular en la frontera (si bien ambos son importantes).
Hasta ahora, no sabremos cuál será el desenlace de los sucesos de esta semana. ¿Fue un momento mediático que ya pasó, sin mucho efecto real? ¿O vienen más recortes de visas, que podrán afectar a las familias y los trabajadores mexicanos y sus sueños de ir a Estados Unidos?
Presidente del Instituto de Políticas Migratorias (MPI)
