El Título 42, la controvertida medida para controlar la frontera desde el lado estadounidense, se queda intacto después de la decisión de un juez en el país vecino, contra la voluntad oficial de la administración Biden, que lo peleó en la corte. Con esta medida, el gobierno de Estados Unidos puede expulsar a los migrantes que cruzan sin documentos sin aprehenderlos formalmente ni darles acceso al sistema de asilo. Permite un proceso expedito y exprés diferente a los procesos normales, con el argumento de que esta medida ayuda a la salud pública en medio de una pandemia.
El gobierno mexicano, hasta ahora, ha aceptado recibir a los nacionales de Centroamérica a través de esta medida, aunque todo parece indicar que el gobierno de Estados Unidos sigue dejando entrar entre una tercera parte y la mitad de los migrantes que llegan a la frontera sin documentos en vez de expulsarlos, a veces porque reúnen ciertos criterios de vulnerabilidad (sobre todo los que tienen niños pequeños) y a veces porque son de otras regiones del mundo y no serán aceptados por el gobierno mexicano.
Más allá de si la decisión del juez tiene sentido o no, esta decisión prolonga una medida que ha permitido que la administración Biden no tome decisiones claras sobre cómo quiere manejar la frontera. Si bien el Título 42 no ha disuadido la migración irregular, ha permitido cierta percepción de orden. Pero al mismo tiempo, la administración ha postergado decisiones necesarias sobre el manejo de la frontera en el futuro.
Así que ahora es el momento para que la administración Biden tome estas decisiones, en los pocos meses que quizás les quede con el Título 42 intacto. Y el gobierno mexicano puede jugar un papel clave en empujar al gobierno del país vecino a tomar las determinaciones necesarias en la frontera, ya que de otra forma México seguirá teniendo que cargar las consecuencias de la indecisión estadounidense.
Las decisiones más importantes tienen que ver con el sistema de asilo, que tendrá que echarse a andar cuando termine el Título 42 (o antes), y cómo funciona el proceso de asilo, desde la recepción de un migrante en la frontera hasta la decisión final de su caso. También urge cada vez más un serie de decisiones sobre las visas legales para los mexicanos y centroamericanos que desean trabajar en Estados Unidos por periodos cortos, y que podría generar un canal alternativo a la migración irregular. Y finalmente, hay varias decisiones sobre cómo se organizan las cinco agencias federales fronterizas estadounidenses, más las ONG y agencias estatales claves que tienen que coordinarse, por lo que sería ideal que se pusieran todas en un espacio común para facilitar procesos más ágiles cerca de la frontera.
Sospecho que algunos en la administración Biden se sienten aliviados que hayan perdido el caso y que se quede en efecto el Título 42, pero esto no debería ser una excusa para delatar más en las decisiones críticas sobre lo que pasa después. Y el gobierno mexicano tiene el derecho de pedirle cuentas al país vecino de cómo planea hacer las cosas bien en la frontera en unas semanas o meses cuando finalmente termine el Título 42, porque estas decisiones tendrán mucho impacto para México y sus comunidades fronterizas también.
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