Hace un año el gobierno de Estados Unidos empezó el programa denominado Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), o “Quédate en México”, en el cual el gobierno estadounidense envía a México a los migrantes que llegaron a Estados Unidos por vía irregular mientras esperan al otro lado de la frontera a que se resuelvan sus casos legales. Inicialmente esto se representó como un programa unilateral del gobierno estadounidense, pero hay evidencias periodísticas de que el gobierno mexicano lo aceptó desde un inicio, con la esperanza de poder mantenerlo como un programa piloto de alcance limitado.
Sin embargo, en un año este programa ha crecido enormemente, llegando a tener más de 55 mil migrantes centroamericanos y de otros países latinoamericanos inscritos en el programa.
El MPP se expandió rápidamente después de que el gobierno mexicano llegó a un acuerdo migratorio con el gobierno estadounidense en junio del año pasado, para así evitar la imposición de aranceles a productos mexicanos de exportación.
No hay duda de que el MPP ha servido para bajar la intensidad de la migración centroamericana, que llegó a niveles históricamente altos en la primavera de 2019.
Junto con un mayor control mexicano en la frontera sur, el MPP disuadió a muchos centroamericanos y otros de emprender un viaje peligroso por México. Con eso se ha eliminado el mayor punto de fricción en la relación México-Estados Unidos, logrado la aprobación de un nuevo tratado comercial en América del Norte y evitado que se apliquen aranceles a productos mexicanos.
Al mismo tiempo, el programa tiene muchos problemas. Ni el gobierno estadounidense ni el mexicano han querido hacerse responsables de los migrantes que quedan viviendo en comunidades fronterizas durante meses mientras esperan sus casos legales.
Viven estos migrantes en el limbo legal, la mayoría sin estatus legal en México ni claridad sobre su futuro en Estados Unidos. Algunos consiguen trabajos informales, pero es una vida de incertidumbre y escasez para la mayoría. Además, la presencia del crimen organizado en las zonas fronterizas incrementa la vulnerabilidad de estas poblaciones.
El MPP también creó un proceso nuevo para recibir peticiones de asilo (y otras peticiones) en Estados Unidos, que debería ser más ágil que los juicios tradicionales, pero esto también ha estado plagado de problemas logísticos. Además, se han ido cambiando las reglas del asilo en Estados Unidos para que sea mucho menos accesible, y los migrantes en MPP carecen de acceso a servicios legales que les pueden ayudar a navegar esos cambios legales. Así que la gran mayoría terminan siendo deportados a sus países de origen después de largas esperas en México.
Sin embargo, es muy posible que MPP esté llegando a su fin —o por lo menos a un uso menos frecuente— en los próximos meses. El número de migrantes detenidos en la frontera ha disminuido rápidamente ya que hay cada vez menos posibilidades de pedir asilo en Estados Unidos.
Además, el gobierno estadounidense ha empezado a enviar migrantes a Centroamérica para realizar sus peticiones de asilo ahí bajo acuerdos con esos países. Esto es una medida aún más draconiana para los migrantes, pero no requiere una estancia en México.
Por otro lado, hay evidencias de que el gobierno mexicano está empezando a pensar en estrategias un poco más sustentables y humanas frente a la migración indocumentada. Si bien las imágenes de las detenciones de migrantes en la frontera sur la semana pasada lastimaron la conciencia, también hay que reconocer que el gobierno mexicano ofreció asilo y visas de trabajo a los que llegaron, algo poco usual en el mundo de hoy. De hecho, el gobierno mexicano ha triplicado los fondos de la agencia de asilo, Comar, en los últimos meses, para dar protección a los migrantes que la necesitan.
Si bien le falta al gobierno mexicano tener una politica comprensiva y coherente frente a la migración, y encontrar formas de control migratorio que sean más humanas, las autoridades mexicanas sí han buscado ofrecer alternativas reales a los que están dispuestos a quedarse en México. El MPP queda como un lastre de una política altamente inhumana construido en un momento de crisis, y ojalá también vaya desapareciendo como un instrumento de control migratorio innecesario para dar cauce a alternativas más sensatas.
Presidente del Instituto de Políticas Migratorias
