En la política pública siempre se requieren ajustes y nuevas calibraciones para responder a realidades cambiantes. La agilidad y capacidad de cambio son esenciales. Pero a veces los mismos ajustes también van al extremo y requieren recalibrarse también.
Así es en la política migratoria de hoy entre México y los Estados Unidos. El aumento muy notable de flujos migratorios de Centroamérica, Haiti, Cuba y países africanos y asiáticos durante los últimos meses (desde agosto del año pasado hasta mayo de este año) fue una llamada de atención de la necesidad de cambiar de ruta.
Si bien se entienden las razones de raíz de porqué las personas quieren dejar sus hogares y emprender un viaje al norte, los flujos migratorios descontrolados no siempre generan buenos resultados, ni para los migrantes ni para los países receptores, y casi siempre generan reacciones anti-inmigrantes en los países de acogida. Había que poner orden, sin duda.
Sin embargo, la respuesta fue completamente en el sentido opuesto. El gobierno de Estados Unidos efectivamente eliminó la posibilidad de asilo a los migrantes que llegan a la frontera, mandó otros a esperar sus casos en México y con amenazas económicas impuso su voluntad a México y los países centroamericanos. Mientras tanto, el gobierno mexicano echó toda la carne al asador con la Guardia Nacional para cerrar el paso a los migrantes en la frontera sur y la frontera norte.
Ahora hay que hacer otro ajuste al ajuste, para regresarlo a un punto medio viable a largo plazo y de acuerdo a los valores de los ciudadanos en ambos países. El jueves lanzamos un reporte: Invertir en la Vecindad, que propone cómo hacer esto. Un esfuerzo conjunto de El Colegio de México y el Instituto de Políticas Migratorias, basado en la investigación y las ideas de un grupo de estudio binacional, propone un medio a considerar para el futuro, en que se pueden controlar los flujos, pero sin perder la posibilidad de ofrecer protección a los que huyen por motivos de violencia y persecución y las vías legales de migrar para opciones de trabajo.
Sin duda, el debate entre México y Estados Unidos ha cambiado. Cuando empezamos a formar este grupo de estudio hace casi un año, la idea era realmente para señalar lo similar que son Estados Unidos y México en su relación a la migración. No hay muchos mexicanos que van a Estados Unidos por la vía indocumentada en estos días, y probablemente hay más norteamericanos mudándose a México que al revés hoy en día. La comunidad migrante más grande en México, por mucho, somos nosotros, los estadounidenses, que están entre 700 mil y 1.5 millones, cerca de 1 por ciento de la población del país (y quizás un 2 por ciento de sistema escolar básico).
Asimismo, el grupo migrante más grande en EU sigue siendo el de los mexicanos, que compone una cuarta parte de los inmigrantes que viven ahí, 11.3 millones en total. Si bien México ya no es el país más importante para la migración nueva hacia Estados Unidos y el número total de mexicanos en el país vecino sigue bajando, es por mucho el país con más conciudadanos que viven ahí, con implicaciones para la educación, el trabajo y la incorporación en general.
Estamos convencidos de que hay una conversación pendiente de cómo aprendemos mutuamente el uno del otro en cómo manejamos la integración de estos migrantes, estadounidense en México y mexicanos en Estados Unidos, quienes contribuyen fuertemente a la economía y tejido social del otro país.
Pero mientras trabajabamos en este esfuerzo, estalló el número de centroamericanos y migrantes de otras nacionalidades cruzando por México para llegar a los Estados Unidos, probablemente con cada vez más quedándose en México a vivir. Esto también es una población compartida.
Y con esa población, si bien debemos implementar medidas de control apegadas al derecho en ambos países, también tenemos que pensar en cómo convertir flujos irregulares en flujos legales, es decir, cómo abrir canales legales de trabajo y de protección para los que lo merecen.
Esto es la tarea para el futuro. Hubo un ajuste necesario pero ahora hay que ajustar el ajuste para tener una política migratoria sensata, justa y sustentable que no sólo privilegia el control sin abordar los otros elementos que se requieren. Y en eso, México y Estados Unidos, dos países cada vez más similares en lo migratorio, deberían poder encontrar puntos de encuentro y entendimiento.
Presidente del Instituto de Políticas Migratorias
