Hay cada vez más indicios de lo que quiere la administración entrante de Donald Trump en materia migratoria. Sin duda, su prioridad inicial va a ser bajar el número de llegadas irregulares en la frontera México-Estados Unidos aún más y empezar la campaña de deportaciones más amplia de migrantes indocumentados viviendo en el país que hemos visto en la historia reciente.

No conocemos de los detalles de lo que están planeando, pero sí los contornos de sus propuestas. Se ve muy probable que echen mano de una declaración de emergencia nacional, desde el primer día, así como legislación de hace más de dos siglos sobre “extranjeros enemigos” en el país, que permitiría que usen a las Fuerzas Armadas en (algunas) tareas migratorias. También ejercerán presión sobre países del hemisferio en el control migratorio y para recibir a indocumentados de sus naciones, así como a ciudadanos de otros.

¿Cómo responde el gobierno mexicano a estas nuevas circunstancias? Creo que lo primero que hay que tener claro es que el interés principal de México es la protección de sus propios ciudadanos, incluyendo a los que han vivido muchos años en el extranjero. Habrá que ser pragmático y flexible, para no terminar en una guerra comercial, que sería dañina para ambos países, mientras se sigue concentrando en los intereses centrales del país de proteger a mexicanos (como debe hacer cualquier gobierno).

No hay que dudar que Donald Trump de veras considera que sus prioridades son la de cerrar la frontera y hacer frente al narcotráfico. Así lo señala el nombramiento de un embajador en México que sí tiene experiencia diplomática, pero también una trayectoria en temas militares y de inteligencia. Está dispuesto a supeditar otros temas, incluyendo los económicos, a estas prioridades, aunque tampoco es suicida. Prefiere arreglos con otros países a guerras comerciales, aunque está dispuesto a ambos.

Sospecho que el gobierno mexicano va a tener que asumir aún más responsabilidad en control migratorio, incluyendo un restablecimiento del programa “Quédate en México” (que no sería tan diferente en lo práctico a lo que existe ahora con la app de CBP One que hace que los migrantes esperen su turno para una cita de asilo en México) y quizás hasta un acuerdo de tercer país seguro. Pero mucho depende de lo que ofrezca la administración de Trump a cambio.

Casi 80 por ciento de los mexicanos viviendo en Estados Unidos en 2022 habían estado ahí desde 2010 y más de 50 por ciento desde 2000, es decir, casi 25 años. Han entrado algunos nuevos migrantes mexicanos desde entonces, pero de los 10.7 millones de mexicanos que estaban en 2022, la gran mayoría estaban muy asentados e integrados en el país del norte. De los soñadores, que son alrededor de medio millón hoy en día, casi 80 por ciento son mexicanos, jóvenes quienes han crecido en Estados Unidos.

Es probable que estos mexicanos, que tienen profundo arraigo en el país vecino, deberían ser el enfoque de las negociaciones de parte del gobierno mexicano, para asegurar que no sean prioridad en deportaciones y que los que tienen protección como soñadores no pierden su estatus allá. A cambio de eso, quizás hay posibilidades de mayor control fronterizo de parte de México, pero siempre cuidando la imagen de México de ser un país de acogida de refugiados y un destino posible para los que buscan mejorar su vida. Y los detalles de los acuerdos importan. Si hay negociaciones sobre un acuerdo de tercer país seguro, que permite que el gobierno de Estados Unidos regrese a los migrantes que buscan asilo en la frontera a México, por ejemplo, tendría que haber excepciones para quienes no pueden vivir con seguridad en México por alguna razón ligada a los grupos que los persiguen.

También hay interlocutores conocidos en el gobierno de Estados Unidos, incluyendo exembajador Chris Landau, quien conserva mucho respeto por México, y el senador Marco Rubio, quienes serán el subsecretario y secretario de Estado y pueden ser buenos interlocutores. Y como es el estilo de Trump, habrá que buscar otros interlocutores no oficiales con peso en la administración Trump, porque así se negocia con él, a través de canales oficiales y no oficiales de confianza al mismo tiempo.

Y no habrá que descuidar las relaciones con otros países que estarán en la misma situación: El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá y Colombia, entre otros. Conviene mucho que haya comunicación entre vecinos latinoamericanos que estarán en la mira de la administración Trump, para que sepa cada uno qué se está negociando y dónde hay sinergias posibles.

Es de esperarse que venga un periodo difícil en la relación México-Estados Unidos en temas migratorios, pero por eso es clave tener prioridades claras y múltiples canales de comunicación hacia el norte y hacia el sur.

Presidente del Instituto de Políticas Migratorias.

@SeleeAndrew

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