La semana pasada el gobierno estadounidense empezó a procesar a los migrantes latinoamericanos que estaban en el programa del Protocolo de Protección Migratoria, a veces llamado el programa “Quédate en México”. No arrancó especialmente bien, con muchas fallas técnicas, pero al fin arrancó, con el compromiso del gobierno estadounidense de recibir a estos migrantes que muchas veces habían estado uno o dos años en la incertidumbre en la frontera norte de México y el apoyo logístico del gobierno mexicano para que se realizara.
Lo que existía antes era la “no-responsabilidad” de ambos gobiernos. El gobierno estadounidense se lavó las manos de los que fueron enviados a México, y el gobierno mexicano tampoco quiso asumir responsabilidad por su bienestar, ya que argumentaba que eran parte de un programa estadounidense. Se quedaron varados sin mucha claridad de su situación y poco esfuerzo de los dos gobiernos de velar por su seguridad y mucho menos supervivencia. En algunos casos, el gobierno mexicano ofreció visas o el CURP, más no en todos, y el gobierno de Estados Unidos nada.
Ahora, al deshacer el programa, los dos gobiernos están asumiendo responsabilidad por ellos de nuevo. El gobierno mexicano ofreció coadyuvar en cerrar el programa, dándole permiso a los organismos internacionales para que operen en territorio mexicano para identificar, procesar y hacer pruebas de Covid a los participantes, y el gobierno estadounidense los está dejando pasar y asistir a sus audiencias judiciales. No hay garantía que ellos van a poder quedarse en Estados Unidos —es probable que muchos no ganarán sus casos de asilo y serán regresados tarde o temprano a sus países de origen, pero por lo menos hay un proceso claro por delante, no la ambigüedad desesperante que antes enfrentaban.
Y por ahí va el cambio en la relación bilateral en el tema migratorio. Durante los últimos dos años, los gobiernos de México y Estados Unidos, a petición de la administración Trump, trataron de minimizar la responsabilidad que tenían por la migración y los migrantes. La nueva tendencia parece ser de asumir corresponsabilidad.
Eso no quiere decir que todos, ni la mayoría, de los migrantes irregulares podrán quedarse, después de entrar a México y luego Estados Unidos por vía irregular, sino más bien que los dos gobiernos reconocen que juntos van a tener que crear procesos claros para lidiarse con la migración, sobre todo de centroamericanos, en vez de lavarse las manos. Tendrán que procesarlos, darles oportunidad de pedir asilo y, si no ganan sus casos, regresarlos a sus países con dignidad.
Más importante aún, tendrán que tener corresponsabilidad para pensar en alternativas a la migración irregular para los nacionales de esos países, es decir, como crear programas de trabajo temporal que reemplacen a la migración irregular, generar esquemas de protección más próxima a donde vive la gente que la necesita e invertir en el desarrollo de los países vecinos del istmo.
No hay soluciones mágicas a la migración irregular, ni hay cooperación perfecta. Pero sí es alentador ver esa capacidad de construir soluciones poco a poco juntos entre ambos países. Ojalá lo que vimos esta semana sea el inicio de un capítulo nuevo en la relación México-Estados Unidos en temas migratorios y en la relación en general.
Twitter: @seleeandrew
