Hay aguas turbulentas entre México y Estados Unidos en estos días, justo en el momento en que debería haber estrategias de acercamiento mutuo. Después de cuatro años de golpeteo a México y a los migrantes mexicanos en Estados Unidos desde la Casa Blanca, viene una administración nueva en el país vecino que considera a México un socio importante y a los migrantes mexicanos una parte integral y productiva del tejido social.
Irónicamente, las olas no vienen esta vez de temas migratorios ni del comercio. Es probable que los dos gobiernos mantengan las estrategias actuales en materia migratoria al inicio, y empiecen a darles un rostro más humano poco a poco en los meses que vienen para tener más orden en la frontera común. Y con la aprobación del T-MEC, el tema comercial parece estar resuelto, por lo menos en grandes rasgos.
Ahora vienen las olas en temas de seguridad, por dos leyes que han estado circulando en el Congreso mexicano. Uno cambiaría la ley del Banco de México para que compre dólares que no vienen de instituciones financieras reconocidas. La otra, una ley sobre cooperación en seguridad que pone límites al tipo de cooperación que se puede dar con agencias extranjeras de seguridad.
Ambas surgen por razones propias en el terreno del debate mexicano, pero desde la óptica extranjera parecen un guiño al narcotráfico. Y son efectivamente un regalo de Navidad con todo y moño para el crimen organizado y las fuerzas corruptas de México. Desde luego, ésto no es la intención de los legisladores, pero así se percibe y así serán las consecuencias.
Las modificaciones a la ley del Banco de México son las más preocupantes, ya que permitirían que Banxico pueda ser usado para lavar dinero, sobre todo porque el crimen organizado es quien más tiene dólares que no puede meter a instituciones financieras de otra forma. Eso sí es un regalo grande para los mafiosos y sin duda va a generar suspicacias en el resto del mundo frente a las instituciones mexicanas.
La otra ley intenta regular las operaciones de las agencias extranjeras en México, un fin loable, pero con una serie de medidas muy poco pensadas. La idea es transparentar los contactos de las agencias extranjeras de seguridad —básicamente las estadounidenses— con ciudadanos mexicanos. Sin embargo, esta ley probablemente tendrá el efecto opuesto en la práctica.
En los últimos años, se había logrado cierta transparencia, siempre imperfecta pero notable, en cómo operan las agencias de seguridad norteamericanas en México, y la mayor parte de la información recabada se entrega al gobierno mexicano, sobre todo a la Marina, el Ejército, el Cisen y la Guardia Nacional. Estas agencias mexicanas dependen de esta información, sobre todo de la inteligencia digital del gobierno de Estados Unidos, para capturar a los líderes de los grupos delictivos en el país, desarticular sus redes de complicidad y seguir la pista de sus fondos.
Pero una ley que requiere demasiada transparencia genera incentivos para que las agencias estadounidenses operen de nuevo con menos transparencia, no compartiendo sus contactos ni su información recabada. Al final, estas son agencias que operan con medidas clandestinas, y al dudar si su información va a ser debidamente cuidada, van a preferir no compartirla, ni dar fe de sus actividades en México (así como hacen en otros países del mundo). Una ley que propone transparencia probablemente tendrá el efecto contrario, y esto sí es otro regalo enorme para el crimen organizado, que sabe que tendrá en frente un Estado mexicano menos equipado para enfrentarlos.
A final de cuentas, todo esto está pasando antes de que entre la nueva administración del presidente electo Joe Biden en Estados Unidos, y quizás ya habrán pasado estas olas para el momento en que él finalmente llegue a la Casa Blanca. Pero lo seguro es que penderán dudas sobre las intenciones del Congreso mexicano con estas dos medidas, algo que va a generar mucha sospecha y desconfianza hacia el futuro en la relación bilateral, y sin duda hará la cooperación en materia de seguridad menos fluida y más distante. Así pierden los ciudadanos de México y Estados Unidos, que quieren vivir en comunidades más seguras, y ganan los delincuentes, que desean exactamente lo opuesto.
@SeleeAndrew
