Una ciudadanía inconforme con un modelo económico que incrementa cada vez más las brechas sociales, estudiantes cuyas ganas no alcanzan para pagar una educación de calidad, pueblos originarios relegados en la jerarquía de clases, flujos migratorios que buscan un lugar en el andamiaje laboral, una policía cada vez más cuestionada por sus prácticas militarizadas, grupos del crimen organizado transnacional que aumentan su presencia en el país y un vigorosos movimiento feminista que integra de manera transversal las demandas de una sociedad polarizada. No, no estoy hablando de México sino de Chile.
Los elementos anteriores detonaron el estallido social de octubre del 2019 que con asombro y, casi con envidia, observamos los latinoamericanos fue resuelto por los chilenos con lo que se consideró un nuevo pacto social, en el que la sociedad y los partidos políticos optaron por votar por un cambio constitucional.
Tres años después, los chilenos están en la recta final de este proceso, un proceso audaz si consideramos que la Constitución del 2008 en Bolivia llevó casi 20 años a partir del reconocimiento de la necesidad de cambiar su Carta Magna, más de un año en la elección de los constituyentes y finalmente un año y seis meses para la aceptación del texto por parte de una sociedad en la que el 70% se reconocía indígena.
Aún más diverso es el caso mexicano, que compartiendo las mismas variables que motivaron el estallido social chileno, busca responder a los retos contemporáneos con pugnas políticas, polarización y una Constitución de 1917 . Nuestra Constitución reformada en más de mil ocasiones, es un rompecabezas difícil no solo de entender, sino imposible de integrar las demandas sociales que hoy enfrenta México.
El camino de un nuevo texto constitucional no fue fácil en Bolivia y no ha sido fácil en Chile, las motivaciones que generan la necesidad de un cambio son complejas y mucho más lo es llegar a acuerdos y encontrar la voluntad política para cumplirlos.
El actual presidente chileno, Gabriel Boric también se juega gran parte de su futuro político y con él la nueva generación de izquierdas latinoamericanas, de ahí la importancia de sumar esfuerzos a la opción del “apruebo”. En días recientes, ante la duda de los más moderados, se han creado canales que permitan llegar a acuerdos y crear procesos políticos que permitan el perfeccionamiento y modificación de la nueva Constitución de Chile.
Desde México observaremos atentos el 4 de septiembre la votación de Chile, una votación que de acuerdo a las encuestas será muy cerrada pero que, los más optimistas, confiamos se inclinará al “apruebo”, convirtiéndose en un ejemplo y ojalá en un motor de los nuevos pactos sociales que requiere nuestra región en favor de un futuro más justo e incluyente.
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