Hace unos días me encontraba viendo las noticias en Chile. La programación estaba consumida por la noticia de la muerte de Diego Palma, un carabinero que fue asesinado al tratar de fiscalizar un auto tras una denuncia de disparos. El cabo Palma no había tenido oportunidad de bajar de su motocicleta o sacar su arma, pues de inmediato le dispararon en la cabeza y al poco tiempo falleció, ante una inmensa audiencia que seguía con preocupación el drama de la familia de este carabinero. Este era el tercer carabinero muerto en 23 días en Chile, para la población chilena una alerta de inseguridad nunca antes vista.
Dos situaciones llamaron mi atención sobre esta noticia. La primera, la reacción social y política. En el funeral del carabinero se encontraban juntos en primera fila el actual presidente Gabriel Boric y los expresidentes Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y Ricardo Lagos. Definitivamente me es imposible pensar en una situación similar en México, a pesar de que en el año 2022 murieron 403 policías de acuerdo con cifras de la organización Causa en Común, es decir, 1.08 policías fueron asesinados cada día. ¿Quiénes eran esos policías? ¿Murieron defendiendo la seguridad de algún ciudadano? ¿Tenían familia? Difícil saberlo, no son noticia, a nadie fuera de sus familias les duele o preocupa que maten a quienes nos “deberían” de cuidar y lo pongo entre comillas porque muchos lectores estarán pensando que muchos de ellos deben de haber estado ”metidos en algo”.
El segundo acontecimiento fue que tras el asesinato del carabinero se realizaron una serie de allanamientos a inmuebles buscando a los responsables. En uno de los programas que trasmitían las imágenes de una de las casas investigadas, los conductores se sorprendieron ante un altar a una “calavera” vestida de virgen y a un santo desconocido. De inmediato supe lo mismo que usted que me lee desde México o está familiarizado con la cultura narco está pensando, estas imágenes correspondían a la Santa Muerte y a Malverde, patronos de los narcos. Se antoja complicado el tratamiento de delitos que poco se conocen o entienden, incluso desde los medios chilenos que muestran los rostros de testigos y carabineros realizando operativos poniendo en riesgo su integridad y la de sus familias por represalias de grupos delincuenciales. A su vez, también me preocupa lo contrario, lo familiarizados que los mexicanos nos encontramos con la cultura narco, la cual forma parte de nuestro día a día, abonando a una normalización de la violencia que hace que pocas cosas nos alarmen y nos movilicen a presionar y a sumar a una estrategia eficiente de seguridad, siendo espectadores pasivos ante la corrosión sistemática de nuestro país.
Desde hace tiempo se sabe que en Chile en los últimos años se ha incrementado el tráfico de drogas y el crimen organizado, se conoce de la presencia de pandillas como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, que operan en conjunto con los ecuatorianos y colombianos, poniendo en jaque a la policía mejor evaluada de América Latina, pero sobre todo, al poder político que busca reformar a esta institución. Luego de los recientes atentados en contra de carabineros, lejanas y pocas son las voces que pedían limitar el uso de la fuerza de esta policía tras el estallido social del 2019. De hecho, recientemente se aprobó en fast track la Ley Naim Retamal que otorga la “legitima defensa privilegiada” a las policías, a pesar de las observaciones de las organizaciones de derechos humanos.
El camino que tomarán los chilenos, para gestionar la seguridad y enfrentar los nuevos y desconocidos delitos como el sicariato y los ajustes de cuentas, no se ve claro. Una mirada hacia México podría ayudar para tomar la muestra de aquello que no se debe hacer.
Para los mexicanos, el caso chileno bien podría también servir de ejemplo para salir del letargo, para afrontar como sociedad organizada a nuestras autoridades y exigir una reforma policial urgente, para conmovernos y comprometernos con cada vida que se pierde y con cada delito que se comete. Es claro, terminar con un negocio como el de las drogas y específicamente hoy, el del fentanilo es casi imposible. Sin embargo, ante la impunidad jurídica, la torpeza política y la corrupción institucional, aún queda la lucha social, la voz ciudadana y el rechazo a los delincuentes y a los políticos cómplices por obra u omisión. La invitación es a volvernos a sorprender, a horrorizarnos ante cada delito y cada acto de violencia, de la tal manera que, al menos, la condena social sea para cada crimen su castigo.