Durante varias décadas el gobierno mexicano temblaba una vez al año ante la expectativa de que el gobierno de Estados Unidos certificara que se estaba actuando para combatir el crimen organizado. Esa época de la certificación anual que comenzó en 1988 con el Acta Anti-Abuso de Drogas fue sumamente negativa para la relación bilateral. La ayuda económica de EUA a México dependía de que el presidente norteamericano y después su congreso, consideraran que nuestro país estaba cumpliendo con la lucha en contra del crimen organizado para que se liberaran fondos para México.
Hubo años en los que nos certificaron los estadounidenses, y otros en los que no. La cantidad que ‘invertía’ EU en esto era irrisoria, pero, aun así, era todo un tema bilateral que se logró dejar atrás hasta la firma de la Iniciativa Mérida firmada por parte de George W. Bush y Felipe Calderón.
Cerrado ese capítulo anual unilateral de parte de Estados Unidos, ahora hay un grupo de demócratas duros dentro de la Cámara de Representantes que quieren revivir una certificación para el gobierno mexicano, pero en temas laborales, como condición para aprobar la ratificación del T-MEC.
Actualmente hay un grupo de 9 congresistas que nombró la Presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, para negociar con el encargado comercial de la Casa Blanca, Robert Lightizer, con los sindicatos y las contrapartes mexicanas. Estos congresistas, encabezados por Richard Neal, se subdividieron en cuatro categorías de acuerdo a los temas espinosos que quedan pendientes de negociar: Earl Blumenauer y Jan Schakowsky, que se encargan de los temas en materia de medicinas y patentes del acuerdo; Jimmy Gomez y Mike Thompson, quienes negocian temas laborales; Suzanne Bonamici y John Larson tratan los temas ambientales; y Terri Sewell y Rosa DeLauro se encargan de los temas legales.
Los temas espinosos que siguen en la mesa de negociación son tres: 1) el compromiso de respetar la propiedad intelectual relacionada con medicamentos; vacunas y otros productos médicos; 2) el grado de apoyo para generar nueva infraestructura que evite contaminación en la frontera y 3) delinear las especificaciones para que se lleven a cabo inspecciones laborales en fábricas en México para que se compruebe que, en efecto, nuestro país cumple con la reforma laboral aprobada el 1º de mayo pasado.
Si bien en los primeros dos puntos se podría llegar a un acuerdo antes de que cierre el periodo legislativo en EU dentro de 13 días, en las revisiones a las fábricas en México hay un impasse. El consenso dentro del grupo negociador mexicano es que permitir que los estadounidenses hagan una revisión de las fábricas en México sería inaceptable.
Pero hay un grupo de demócratas y de dirigentes sindicales que están dispuestos a dejar sin ratificar el acuerdo comercial entre México-Estados Unidos y Canadá, en tanto no se acceda a estas inspecciones que serían, en los hechos, el regreso de la certificación que tuvimos en materia de lucha contra el crimen, pero ahora en el tema laboral.
El demócrata Andy Levin es quién ha encabezado una de las propuestas en este sentido que pide que se acepte una revisión a 500 fábricas en México para poder ratificar el T-MEC. En esta misma línea está Richard Trumka, dirigente del sindicato más grande de Estados Unidos, la AFL-CIO.
En entrevista para mi podcast BROOJULA, Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo Estratégico para las Negociaciones Internacionales del CCE, dijo que esto es inaceptable. La gran duda es si el gobierno mexicano, que le ha dicho que sí a Trump en todo, también le va a decir sí a esta revisión que, además de ser una violación a la soberanía nacional, sería la admisión de que en México no sabemos cumplir con nuestras propias leyes.
@AnaPOrdorica
