“El estado de naturaleza es la guerra de todos contra todos, y en esa condición cada uno es juez de sus propios actos”
-Thomas Hobbes
Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador subió un video anunciando que se cancelaba el NAIM, el aeropuerto de Texcoco, fue muy notorio el libro que tenía a un lado titulado ¿Quién manda aquí?
Esto se leyó como un mensaje para dejar en claro que con su llegada a la presidencia ya no serían los grandes empresarios los mandamases en México. Con esa decisión y con ese libro a su costado AMLO mostró que a partir del 1 de diciembre de 2018 él mandaba en México.
Pero ¿realmente manda él cuando admite que hay regiones del país que están bajo el control de los grupos del crimen organizado? Eso fue lo que ocurrió cuando dijo que a los cinco jóvenes que se encontraron torturados y asesinados en un auto en Celaya, Guanajuato, los mataron por meterse a comprar droga con la organización criminal rival de esa zona. Así, el presidente admite que hay regiones en las que él no manda, mandan grupos del crimen organizado.
¿Realmente manda él cuando no puede poner orden en las extorsiones de delincuentes? En una declaración que denota la claudicación del Estado frente a la delincuencia, López Obrador dijo que la lucha en contra de la extorsión la debemos de dar entre todos. Si la diéramos entre todos sería la ley de la selva. Fue precisamente el querer llevar la lucha ‘entre todos’ lo que dejó 14 muertos en Texcaltitlán, Estado de México, el fin de semana pasado.
Como los delincuentes quisieron aumentar el monto del cobro de piso a los agricultores y ante un Estado (federal, estatal y municipal) pasmado, los extorsionados decidieron tomar cartas en el asunto y detener ‘entre todos ellos’ este cobro ilegal utilizando machetes y las armas que tuvieron a su alcance.
Un presidente que claudica en su principal responsabilidad no es el que manda. Menos cuando él se ha comportado como un extorsionador durante su sexenio. ¿Qué fue, si no una extorsión, cuando obligó a los empresarios a comprar boletos de una rifa para el avión presidencial que obviamente nadie se ganó?
El problema y el reto de la inseguridad no es nuevo, pero el presidente que prometió que lo resolvería, se acerca al fin de su sexenio con cero resultados que presumir en la materia. Este sábado 16 de diciembre se cumplirán trece años del asesinato de la activista Marisela Escobedo.
Escobedo quiso justicia por el asesinato de su hija Rubí. Como el Estado (federal, estatal y municipal) no hacía nada al respecto, ella se abocó personalmente a esa tarea, día y noche desde el 2008, cuando Rubí fue asesinada por su pareja. Escobedo murió de un balazo en la cabeza por haber procurado esa justicia que el Estado le negó.
¿Qué ha cambiado en México de ese diciembre del 2010 a la fecha en materia de procuración de justicia? Si acaso, estamos peor porque tenemos a un Poder Ejecutivo que ha claudicado en su principal tarea, dar seguridad a los ciudadanos, al pedirnos que nosotros seamos los encargados de procurarla. ¿Qué garantías hay para la ciudadanía de que no acabaremos como Marisela Escobedo o como los agricultores y delincuentes muertos en Texcaltitlán?
