La realidad en materia de seguridad ha cambiado dramáticamente, para mal. Lejos de tener una estrategia con metas específicas para presentar resultados, tenemos a un secretario de Seguridad Pública que señala puntos de inflexión al mismo tiempo que queda claro que la situación ha empeorado y hay dos factores que lo demuestran contundentemente.
Lo primero es que, de tener un problema grave de inseguridad en pocas ciudades, como Ciudad Juárez; Matamoros y Reynosa, ahora la inseguridad está en prácticamente todo el país, salvo pequeñas islas de tranquilidad como Mérida. Lo segundo es que ahora los delitos no discriminan niños, mujeres ni familias. La delincuencia ya cruzó esa línea y ya no respeta. Ante la impunidad, la matanza va parejo, como quedó claro con lo ocurrido a la familia LeBarón hace dos días en Sonora, el estado que quiere gobernar Alfonso Durazo. Pero, desgraciadamente éste no es el único caso de asesinatos de familias. Las notas de matanzas son ya el pan de cada día en el noticiero que conduzco en Foro TV, A las Tres.
En los casi diez años que he tenido a mi cargo un noticiero en esta plataforma y antes en Grupo Imagen, he podido ver claramente el deterioro en la seguridad. Las notas cotidianas de asesinatos múltiples de familias y vecinos aparecen con mayor frecuencia. No digo que antes no ocurrieran nunca, como fue el caso de la masacre de Villas de Salvarcar en el 2010, pero ahora este tipo de crímenes ocurren con más frecuencia y en más lugares. Tan solo la semana pasada hubo un tiroteo en una fiesta infantil en Iztapalapa y otro en el festejo de San Andrés Totoltepec, en donde se dio el tiroteo mientras más de mil personas estaban bailando en la calle.
Y ante este recrudecimiento del crimen, la respuesta de las autoridades es la misma de siempre: lamentamos los hechos; vamos a investigar; lo ocurrido no va a quedar impune. Pero sí queda impune. Ahora con el agravante de que, además, el encargado de la seguridad en el gobierno no sabe del tema. Ha sido un político que ha brincado de partido y de lealtades para mantenerse en el poder, no alguien que conozca desde la teoría hasta la práctica de temas de seguridad. Y por eso, aun cuando era evidente que el problema de inseguridad que heredó el gobierno de López Obrador no se iba a resolver en doce meses, tampoco se va a resolver en los que siguen ni en lo que resta del sexenio con la actual estrategia.
Creer que el cambio lo va a lograr el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que da 3 mil 600 pesos a quienes pueden ganar impunemente miles de dólares producto de las distintas actividades ilegítimas que existen en México, es una ingenuidad monumental.
En la conferencia mañanera el Presidente declaró que posiblemente lo ocurrido a la familia LeBarón se trató de una confusión de quienes asesinaron a las 3 mujeres y 6 niños, pero eso tampoco es una justificación. Lo terrible; lo lamentable, es que en México se puede cometer un crimen de esa magnitud para ajustar cuentas entre delincuentes y nada pasa.
Sin duda parte del problema viene del flujo de armas de norte a sur y del enorme consumo de drogas en Estados Unidos, pero el meollo del asunto es la falta de Estado de Derecho en México. Así como no es correcto que el Presidente culpe al pasado de lo que ocurre actualmente, tampoco podemos creer que reglas de Estados Unidos van a ser las que traigan seguridad en México.
Ya son más de diez años desde que inició esta pesadilla de la lucha en contra del crimen organizado y hoy queda claro que las autoridades no tienen idea de qué hacer para solucionar el problema.
En mi columna de la semana pasada apuntaba que la certificación anual de la lucha en contra del crimen organizado que hacía anualmente Estados Unidos concluyó con la firma de la Iniciativa Mérida. Si bien esta Iniciativa cambió el paradigma hacia una responsabilidad compartida y cooperación de doble vía, la certificación anual en materia de drogas se eliminó antes, en el 2001, cuando el gobierno mexicano logró un acuerdo que firmó el senador Chuck Todd para que se eliminara ese proceso.
@AnaPOrdorica