Ante la crisis económica generada por la pandemia del COVID19 el presidente López Obrador ha dicho que aquí nada de rescates como en el pasado. Está convencido de que los recursos fiscales no se deben usar para rescatar ni a empresas ni a empresarios. La ayuda gubernamental se centrará en los más pobres. En las 22 millones de personas que integran sus programas sociales y en las microempresas y el sector informal.
Además, ha dicho que los empresarios no pueden ni bajar sueldos ni despedir a sus empleados. “Vamos a estar pendientes protegiendo a los trabajadores”, dijo el presidente, al tiempo que amenazó con irse a los tribunales en contra de las empresas que despidan o que no le paguen a sus empleados durante el periodo de confinamiento por la epidemia.
A este llamado del presidente se unieron tanto la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, como el canciller, Marcelo Ebrard. Ambos, al igual que el presidente, enfatizaron que para lograr el cuidado y respeto del empleo se requiere de un comportamiento de dimensión social y humanista por lo que consideraron que estaba clara la obligación de las empresas de pagar sueldos a pesar del confinamiento.
López Obrador dijo que quien se oponga a lo anterior se hará acreedor a multas y en los casos en que logren comprobar negilgencia habría cárcel.
Curioso que el presidente prohíba a las empresas bajar sueldos o despedir empleados cuando eso es justo lo que él está haciendo actualmente para tener dinero suficiente para sus planes. En momento de vacas flacas el gobierno puede apretarse el cinturón, pero esto mismo se lo prohíbe a los empresarios.
Y es que entre las acciones anunciadas por López Obrador en su discurso del 5 de abril está la reducción de salarios para altos funcionarios, desde subdirectores hasta él mismo, y la eliminación del aguinaldo. Con ello dice el presidente que logrará hacerse de 3 mil millones de pesos para enfrentar la pandemia.
López Obrador calcula que así puede estirar la cobija para seguir adelante con sus programas sociales y de infraestructura que incluyen Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles.
Los empresarios, al igual que el gobierno, deben buscar la forma de que alcance la cobija a pesar del frenón en la economía. Por eso han pedido de distintas formas al presidente que al ponerse en pausa la economía, se pausen los cobros entre privados y con el gobierno.
Hasta el cansancio se ha aclarado que nadie pide condonación de impuestos. Pero en el gobierno entienden una pausa en el cobro de impuestos como un abuso más de los empresarios. Existe la idea de que, como las declaraciones anuales de este mes de abril son sobre las actividades empresariales del 2019, no hay razón para justificar un retraso. La pandemia no había golpeado la economía en 2019. Y, si bien es cierto que no había ese golpe y los recursos para pagar los impuestos anuales ahora en abril ahí tienen que estar, la pausa se pide para poder soportar el frenón actual para no tener que reducir salarios, despedir empleados o cerrar los negocios. Para poder sobrevivir el cierre y poder reabrir una vez que la crisis sanitaria quede bajo control.
La necedad del presidente no le permite ver hacia adelante. El gran reto vendrá muy pronto ya que si algo ha caracterizado esta pandemia es la velocidad a la que está ocurriendo todo. La velocidad a la que ha cambiado nuestra realidad.
Industrias completas han dejado de operar de un día para el otro porque la única forma de sobrevivir ha sido apagando la economía. Prender el switch de nuevo va a ser más complicado si durante el ‘apagón’ el gobierno es incapaz de ayudar a que los empresarios puedan reincorporarse en lugar de desaparecer.
Entre el inaceptable Fobaproa y el “rasquénse con sus propias uñas” que ha decidido aplicar el presidente ante los empresarios, hay un abanico de opciones que son la oportunidad para rescatar a México o hundirlo.
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