Hace tiempo, una mujer inteligente y bien intencionada me preguntó cómo era posible que, siendo egresada y férrea defensora de la educación pública, mis hijos estudiaran en una institución privada. Mi respuesta no solo la sorprendió, sino que la convenció: porque ahí pueden estudiar inglés.
Estudiar inglés en México es un privilegio, uno de los muchos que aumentan nuestras brechas de desigualdad personales y profesionales, si ponderamos que el 80% de los datos almacenados electrónicamente están en este idioma y la mayoría de los sitios se publican en él, o si consideramos que su dominio aumenta las posibilidades de encontrar un buen trabajo, pues el 58% de las ofertas dirigidas a recién egresados lo exige y la cifra aumenta hasta 65% si se trata de puestos para ejecutivos intermedios y del 100% para cargos de alta dirección.
El Programa Nacional de Inglés (PRONI), surge en 2016 en sustitución del Programa Nacional de Inglés en Educación Básica, con el objetivo de fortalecer la enseñanza del idioma en las escuelas públicas de educación primaria y secundaria del país, incluyendo la producción y distribución de material educativo para docentes y alumnos, así como el fortalecimiento de la capacitación para las maestras y maestros en la lengua.
En 2018 el PRONI obtuvo un presupuesto de casi 827 millones de pesos; sin embargo, a partir de 2019 los recursos asignados han disminuido gradualmente y en el Presupuesto de Egresos 2021, que representa el arranque del tercer año del actual gobierno federal, propuso a la Cámara de Diputados bajarlo a 654 millones.
Ojalá fueran solo números. La oportunidad de comunicarse o leer en inglés será eliminada en 7 mil 196 escuelas: 2 mil 824 de preescolar y 4 mil 371 de primaria, afectando a un millón 343 mil 419 alumnas y alumnos.
De un plumazo, el 36 por ciento de los alumnos de escuelas públicas que aprenden inglés a nivel nacional, no podrán continuar y si agregamos que desde 2019 el “nuevo régimen” quitó recursos para los libros de inglés, el daño es mayor.
Sin duda para la SEP es más sencillo lavarse las manos, que resolver los enormes retos que aún presenta el PRONI, como el hecho de que carece del número suficiente de plazas para cubrir la demanda de maestros frente a grupo, de tal suerte que la mitad de los profesores “se contratan como asesores externos especializados” y carecen de prestaciones laborales.
El coqueteo de la autollamada Cuarta Transformación con el magisterio, se estrella con la incongruencia de sus prioridades presupuestales para 2021, ya que la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación será víctima del recorte más drástico en los últimos 16 años, al pasar de 461 millones 390 mil pesos en 2020, a solo 20 millones en 2019, en tanto que el presupuesto asignado a las Escuelas Normales y al Programa de Capacitación para los Docentes, sufrirá una reducción del 48 por ciento.
Queda en anhelo lo plasmado en la reforma constitucional de 2019: “Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo” y “tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización.”
Antes de enviar esta reflexión, propuse a la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados evitar estos austericidios y rechazaron mis reservas. Falta la votación final del Presupuesto para el próximo año. El derecho a la educación pública exige calidad y pertinencia, o no lo es, y la igualdad se alcanza invirtiendo en ella, no con discursos.
Diputada federal mexiquense.
@AnaLiliaHerrera
