No es la regla, pero la excepción tiene consecuencias fatales: datos de la organización Save the Children revelan que cada siete segundos se casa una niña menor de 15 años en el mundo, y en nuestro país una de cada cinco mujeres contrae matrimonio antes de los 18 años; el 73% de las niñas casadas dejan o son obligadas a abandonar sus estudios para dedicarse al hogar y las niñas casadas sufren 49% más violencia física y 68% más violencia sexual.
Más allá de los dichos, los valores culturales y espirituales han sido insuficientes para frenar los mil nacimientos diarios de criaturas cuyas madres son menores de 15 años, así como su consecuencia: la muerte materna en menores que aumentó 36 por ciento en el último año y medio, según los reportes del Observatorio de la Muerte Materna.
Advirtiendo sobre los hechos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ( UNICEF ), ha reiterado que el matrimonio infantil “es el resultado de una arraigada desigualdad de género que afecta a las niñas de manera desproporcionada, las despoja de su infancia, y pone su vida y su salud en peligro, ya que aquellas niñas que contraen matrimonio antes de cumplir los 18 años corren un mayor riesgo de sufrir violencia doméstica y tienen menos probabilidades de seguir asistiendo a la escuela”.
Así, el debate sobre el matrimonio infantil y/o la venta de niñas en México, debe partir de la realidad y cómo modificarla a partir de la acción, no de la reacción ante las historias indignantes que se cuelan a las noticias nacionales, pues la ignorancia de la ley no puede ser pretexto para la omisión.
Cerrar los ojos a la realidad del matrimonio infantil y la venta de niñas es, por decir lo menos, cruel e ilegal, porque si algo falta para solucionar el problema es la voluntad política de quienes ostentamos un cargo público. No se trata de repartir culpas, sino de una coordinación y optimización efectiva de recursos humanos y materiales, para encontrar soluciones sin importar las ideologías partidistas.
El Poder Judicial se ha pronunciado en contra del matrimonio infantil, aún en casos graves; la legislación en materia de trata establece penas concretas, además de la declaratoria de nulidad de matrimonio, cuando exista un matrimonio forzado; durante la pasada legislatura, se aprobaron reformas al Código Civil en materia de prohibición del matrimonio infantil, y hace unos días en el Senado, se presentó una iniciativa de ley al respecto.
La ley siempre es perfectible y quienes pertenecemos al Poder Legislativo asumimos esa responsabilidad, pero su cumplimiento y aplicación corresponden al Poder Ejecutivo y es ahí donde necesitamos a los mejores aliados.
Desde 2015, el presidente de la República encabeza el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes ( SIPINNA ), que congrega a las autoridades de todas las entidades federativas, los Poderes Legislativo y Judicial, la sociedad civil, el sector privado y académico, con la responsabilidad de implementar políticas públicas desde el más alto nivel de decisión, a favor de quienes representan una tercera parte de la población en México: la niñez y la adolescencia.
Es vital actuar contra el matrimonio infantil, que representa una violación grave a los derechos humanos, que pone en peligro la vida y la libertad de nuestros menores, y para lograrlo necesitamos de la voluntad política de quien hoy ostenta la responsabilidad de coordinar el SIPINNA y a quienes lo integran; en la Cámara de Diputados encontraría el respaldo plural para reorientar y aprobar los presupuestos necesarios. Es urgente actuar para prevenir y no seguirnos lamentando.
@AnaLiliaHerrera