Ningún triunfo obliga a la subordinación. No en democracia y menos, si el dominio se pretende a costa de derechos como la libertad de expresión, de asociación o de investigación.
El triunfo de la autodenominada “Cuarta Transformación”, tampoco fue un cheque en blanco para ejercer el autoritarismo y mucho menos para violar nuestras leyes, como hizo esta semana el Conacyt al publicar en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas a las disposiciones de su Estatuto Orgánico.
La centralización del poder es el objetivo. Lo que no se gana se arrebata, parece ser el mensaje gubernamental a la comunidad científica, tecnológica y de innovación, representada por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), constituido en asociación civil, por ley, desde el año 2002.
En una franca violación a la Ley de Ciencia y Tecnología, a la Constitución y al procedimiento para reformar el Estatuto Orgánico, se pretende someter al FCCyT al mando de la directora general del Conacyt, contraviniendo la autonomía del foro.
Además de nuestra Carta Magna, el gobierno mexicano ignora la recomendación de la UNESCO, que en 2017 se pronunció porque los Estados Miembros den a los investigadores científicos la oportunidad de participar en la elaboración de políticas nacionales, apoyados por mecanismos institucionales adecuados, el fomento a su creatividad, y “guardando el máximo respeto a la autonomía y a la libertad de investigación, indispensables para el progreso científico”.
El Acuerdo en comento, enfila sin rubor alguno sus baterías contra el FCCyT, al pretender cambiar el mecanismo de emisión de sus bases de integración, funcionamiento y organización, para que ahora sean propuestas por un par de direcciones adjuntas, en lugar de que surjan del Foro y se expidan —como hasta ahora— de forma conjunta por su Mesa Directiva y el Conacyt. Atentando contra la organización interna del Foro, se quita el asiento de la coordinación general en la Junta de Gobierno del Conacyt, sustituyéndolo por la “invitación” a un miembro de su Mesa Directiva. Y por si fuera poco, la directiva de Conacyt elimina la participación del FCCyT en la formulación de políticas públicas en el sector, restringiendo sus alcances legales y acotando su actuación a las peticiones expresas de información por parte del Poder Legislativo federal y del propio Consejo Nacional.
La intención no es nueva: desde julio se detuvo la asignación de recursos al Foro Consultivo, mandatada por el artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología, a pesar de que, en octubre, una sentencia judicial ordenó a la institución entregarle recursos suficientes.
En su prisa por desaparecer todo aquello que signifique un contrapeso real, la publicación de estas modificaciones al Estatuto del Conacyt en el Diario Oficial de la Federación, dejan a un lado la ruta jurídica y reducen a mera demagogia la multicitada frase del presidente López Obrador: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.
De mantenerse semejante atropello a nuestras normas, habrán sido en vano los ocho foros que se realizaron este año por el Congreso, para analizar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”; el mandato constitucional para construir una nueva ley, y hasta la iniciativa de tintes francamente centralistas que presentó en febrero pasado una senadora de Morena.
En este sexenio ya es costumbre emitir decretos y acuerdos sin atender la ley, para luego “formalizarlos” aprovechando la mayoría conformada por Morena, PT, PES y PVEM en el Congreso, quienes barren de arriba hacia abajo sus errores institucionales y faltas legales, en la construcción de una autocracia que solo perjudica a México.
Diputada Federal Mexiquense.
@AnaLiliaHerrera
