De prosperar el austericidio, la impunidad y la soledad acompañarán a quienes sean víctimas de un delito federal o de una violación a sus derechos humanos pues, ocupado en asegurar el control presupuestal y político antes de la elección de 2021, el “nuevo régimen” mexicano dedica gran parte de su tiempo a desmantelar instituciones con un común denominador: la inexistencia de un plan alternativo de solución.
El decreto de austeridad para que las dependencias y entidades de la administración pública federal no ejerzan el 75 por ciento de su presupuesto destinado a servicios generales, materiales y suministros, no puede atentar contra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ya que dejaría sin atención a las víctimas de un delito federal o de una violación a sus derechos humanos, que buscan verdad, justicia y reparación del daño para recuperar el proyecto de futuro al que tienen derecho.
La crisis económica que vivimos acentuará la de inseguridad y el Estado no puede dar la espalda a su responsabilidad de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las víctimas de violaciones a derechos humanos o delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros.
Una vez más, la incongruencia de quienes convirtieron en grito de batalla el pase de lista de los 43 jóvenes que desaparecieron en Ayotzinapa y que hoy dejan sin esperanza a quienes no pueden acceder a la justicia, a los más pobres, a quienes no pueden pagar un abogado, un traslado, alojamiento o gastos funerarios.
Pareciera que cuando los argumentos no alcanzan para convencer, ni las ideas para resolver, viene el “austericidio”, así no hay que cambiar la ley, ni dar más explicación para matar de inanición a instituciones, con todo y los derechos laborales de quienes ahí trabajan, sin esperanza para quienes no tendrán el respaldo necesario para encontrar atención psicológica, legal y social, así como una indemnización o una compensación para rehacer sus vidas.
¿Aceptaremos otros datos cuando se desmantele el Registro Nacional de Víctimas?, ¿quién dará seguimiento a los procesos necesarios para acceder al fondo de ayuda?
Otra regresión de quienes prometieron una transformación. ¿Por qué no crear plazas permanentes que garanticen la seguridad laboral del personal de asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social que brindan atención directa a las víctimas?
¿O impulsar una Reforma a la Ley de Coordinación Fiscal para que las Comisiones Ejecutivas Estatales de Atención a Víctimas tengan acceso al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), y proponer la creación de un Fondo Federal específico que destine recursos a las Comisiones Ejecutivas Estatales?
Más aún, ante la lamentable renuncia de Mara Gómez a la titularidad de la CEAV, ¿por qué no investigar las componendas y los abusos que denunció a raíz de su salida y darle todo el respaldo institucional y económico para que desarrolle su labor?
Es indispensable que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público garantice, sin ambigüedades, los recursos financieros necesarios para el correcto funcionamiento de la CEAV, el Sipinna y otras instituciones.
Es válido disentir del cómo, pero es inadmisible desistir de una responsabilidad Constitucional y hasta moral. No quisiera pensar que lucraron con el dolor ajeno para luego sentarse a esperar que el olvido resuelva el dolor de las víctimas. Ninguna transferencia monetaria justifica el empobrecimiento de la calidad de los servicios que recibimos los mexicanos o su desaparición, porque entonces solo ensancharán nuestras diferencias.
Callar ante semejantes atropellos no es opción. Se requiere sensibilidad y empatía al momento de tomar decisiones porque, al paso que vamos, la realidad nos alcanzará a todos.
Diputada federal mexiquense.
@AnaLiliaHerrera
