En el mundo al revés, a los gobernantes les da “mucho sentimiento ver a jóvenes tristes” porque les clonaron sus boletos de entrada a un concierto y de inmediato levantan la voz para exigir que se repare el daño, pero permanecen en la más absoluta indiferencia, al saber que una niña de 5 años se mantiene bajo la custodia de su presunto abusador sexual, que es su padre, mientras su tía, en quien la menor confió y que se atrevió a denunciar, estuvo presa por defender a la menor.
El caso de Gabriela Escamilla en Jalisco, quien estuvo varios días en prisión preventiva por haber recabado pruebas fotográficas del abuso sexual infantil que padecía su sobrina, es muestra clara del influyentismo y de un sistema de justicia patriarcal, que archivó la denuncia formal presentada en 2021 y que, ante su insistencia para reabrir el caso, obtuvo una acusación por violar la intimidad sexual de la menor.
Un año después, siguen sin dictarse medidas cautelares para resguardar a la niña y, al contrario, se juzga sin velar por el interés superior de la niñez, sin perspectiva de género y con violencia institucional contra Gabriela, a quien se acusó –en medio de opacidades, irregularidades e influyentismo-- de cometer el delito de violación a la intimidad sexual, apelando incluso a la Ley Olimpia, por mostrar fotografías y video de la niña como parte de las pruebas.
Un caso que desalienta la cultura de denuncia y que ensancha las puertas de la impunidad. Solo datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que, durante el primer trimestre de 2021, se registraron 29 feminicidios de niñas de 0 a 17 años de edad y que, en un periodo de tres meses, fueron asesinadas 443 niñas y mil 531 fueron atendidas por violencia sexual.
Por eso, este caso en Jalisco representa una nueva alarma y sienta un pésimo precedente para la denuncia de casos de abuso sexual infantil, pues en ningún momento, como han señalado activistas, una persona que denuncie este delito puede ser criminalizada por presentar pruebas para demostrar el hecho y salvaguardar la integridad de un menor de edad involucrado.
Sería momento de hacer valer las voces de activistas y medios de comunicación que se han alzado frente a este injusticia, para visibilizar y sancionar también la violencia institucional prevista en la ley como las “omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”.
Por las razones expuestas, esta semana presenté en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para exigir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (ese organismo “autónomo” que últimamente se subordina al interés gubernamental y promueve debilitar al árbitro electoral en México), que atraiga el caso de Gabriela Escamilla y se revise la violación a sus derechos humanos y al debido proceso a la que ha sido sometida, por realizar la denuncia de abuso sexual infantil de su sobrina, así como a revisar de manera minuciosa la violación de los derechos humanos de la menor involucrada, como consecuencia de la omisión de las autoridades encargadas del caso para realizar las debidas diligencias y tomar todas las medidas precautorias necesarias para garantizar la seguridad e integridad de la menor.
Es un sinsentido utilizar la Ley Olimpia para encubrir un caso de abuso sexual contra una niña, como también lo es que frente a la violencia creciente contra las niñas, adolescentes y mujeres, el poder apueste por presupuestos clientelares, desmantele programas e instituciones para salvaguardar nuestros derechos y además, guarde un silencio cómplice y cruel.
Diputada federal reelecta por el Distrito 27 del Estado de México. @AnaLiliaHerrera.
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