Sin recursos ni soluciones, la reforma educativa de este sexenio atenta contra la preparación de la niñez y juventud mexicanas, pero también contra un magisterio que creyó en la “revalorización” que le prometieron en la Constitución y que hasta hoy no ha visto una efectiva reestructuración de la carrera docente, ni mejores condiciones respecto de sus ingresos, promoción, reconocimiento y retiro, como les prometieron.
A casi 3 años de la publicación del nuevo marco legal en materia educativa, las maestras, maestros y personal docente, se sienten defraudados por una reforma de papel que los ha mantenido al margen de las decisiones estructurales y presupuestales y, a muchos, sin respeto a sus derechos laborales.
Es el caso de los Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP), figura prevista en la derogada Ley General del Servicio Profesional docente, que debía someterse a cursos de actualización y a una evaluación, a fin de concretarse en una promoción.
Derivado de las reformas a las leyes secundarias que por mayoriteo aprobaron Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, cerca de 3 mil 500 maestros que estaban en proceso de capacitación y concurso, quedaron en incertidumbre total, sin que hasta la fecha hayan podido recibir su nombramiento y clave definitiva, ya que la convocatoria en la que se encontraban participando, fue interrumpida sin brindarles certeza jurídica alguna para concluir su proceso.
Con la expedición de la nueva Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la figura de los ATP se vio afectada en sus carreras y funciones, ya que la nueva norma los acotó a una figura de carácter temporal, dejando sus nombramientos como simples reconocimientos, cuando en el sexenio anterior, la ley los reconocía como una promoción.
La Comisión de Educación de la cual formo parte, aprobó esta semana un dictamen para resolver la situación laboral de los ATP que se encontraban en el limbo, brindándoles un mecanismo para que puedan concluir su proceso y obtener el nombramiento y la clave que les corresponde.
Lamentablemente, estarán a expensas de los tiempos y las reglas de la Secretaría de Educación Pública, ahora facultada para emitir lineamientos justos que consideren el tiempo transcurrido y el trabajo que durante casi tres años ya realizaron los ATP.
Concretar este acto de mínima justicia, también implica dotar a la SEP de los recursos económicos necesarios, de forma que en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para este 2023, habrá que incluirlos y contar con la voluntad de la mayoría simple que aún conservan Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo.
Pero lograrlo, será solo un primer acto de justicia. La lucha va más allá: hará falta revisar la figura y funciones de los ATP en la nueva ley, y para ello, será necesario que la comisión analice la iniciativa presentada por mi compañera legisladora Sayonara Vargas, a fin de establecer un proceso claro, transparente y preciso para consolidar su promoción y derogar los artículos que hoy van en detrimento de su profesionalización.
El prefijo re en nuestro idioma tiene significados diversos y contrastantes. A Morena y su gobierno le quedan dos años para hacer creíble su propósito de intensificar la importancia de la educación; de lo contrario, la “revalorización” del magisterio y la “resignificación” del papel de la educación, se les van a revertir y a traducir en el rechazo generalizado hacia un gobierno que hoy solo puede acreditar el desmantelamiento y la precarización de la educación pública, la mejor apuesta para transformar nuestro país.
Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.
@AnaLiliaHerrera