Mientras el gobierno federal se concentra en sus adversarios (aunque sean imaginarios), la construcción de clientelas y las próximas elecciones, podría pasarle desapercibido uno de sus mayores temores: que el vacío de poder, que debe ser para ayudar y proteger a la población que gobierna, sea llenado por los delincuentes.
Tras un año sin crecimiento económico y habiendo gastado más de la mitad de las reservas que México ahorró por tres sexenios, para una posible emergencia como la que estamos viviendo por el Covid-19, la situación no es halagüeña para un país donde la desigualdad y la pobreza de millones de personas es, también, parte de la agenda pendiente.
Al temor de un contagio o de la violencia familiar acentuada por el confinamiento en casa dispuesto, las familias mexicanas suman a su lista de preocupaciones el desempleo que en marzo fue 370% mayor que en el mismo mes del año pasado, al perderse 130 mil 953 empleos.
En estos días y gracias a las “benditas redes sociales”, llegó a mis manos el análisis de Martín Gabriel Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), sobre el impacto de la Covid-19 en la delincuencia.
En el documento, el también integrante del Sistema Nacional de Investigadores advierte que habrá un giro en el quehacer delictivo que será menos visible y se trasladará hacia hogares y sistemas digitales, pues el llamado a quedarse en casa ha ocasionado una disminución en el flujo y la movilidad de las personas.
Desde la teoría criminológica, el especialista explica los delitos o actos de violencia que tendrán algún cambio significativo, como las convocatorias a través de redes sociales —que ya empezaron a ocurrir— para saquear tiendas departamentales.
Otro efecto de la pandemia, detalla, es el cierre de múltiples comercios, que impactará en la extorsión por “cobro de derecho de piso” o el simple cambio de las rutinas personales, que quizá disminuyan el robo a casa habitación o en el transporte público, pero podrían crecer los denominados cristalazos o el robo de autopartes, así como el acecho en cajeros automáticos y los secuestros.
Si las crisis son nichos de oportunidad, los estafadores tienen los medios y la capacidad de adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias, como en el caso de la ciberseguridad, en riesgo ante el incremento en la demanda de los servicios electrónicos y el uso masivo de la red para el comercio.
Además del peligro que corren los menores e incluso personas adultas, al estar más tiempo expuestos en línea y en consecuencia a tratantes de personas o agresores sexuales, Barrón Cruz indica que podría darse un aumento en los fraudes vía telefónica para ofrecer suministros y la venta de productos falsificados o “piratas” y ni qué decir del tráfico de drogas, que seguramente cambiará su dinámica de oferta y demanda.
Sin crecimiento económico y sin empleos, las organizaciones delictivas también aprovechan para extender su presencia mediante acciones como la entrega de alimentos a poblaciones vulnerables y “enganchando” cada vez a más personas sin trabajo a sus organizaciones.
Al concluir la pandemia, refiere el especialista, el desempleo masivo puede provocar robos de toda índole, incremento de la usura y el empeño de bienes, así como pérdida de patrimonios e incluso suicidios.
El panorama es alarmante. A nadie le conviene un vacío de poder, el actuar desarticulado de instituciones o una economía paralizada por falta de inversión en proyectos productivos. Urge que el gobierno federal una esfuerzos en lugar de dividir, que deje a un lado afanes electoreros porque hoy es tiempo de gobernar. De lo contrario, estará dejando un enorme vacío político y moral que no podrá llenar ni regalando dinero.
Diputada federal mexiquense.
@AnaLiliaHerrera
