La política tiene pocas certezas, pero hay dos inevitables: los cargos son finitos y de los resultados obtenidos quedan la satisfacción del deber cumplido o el señalamiento perenne por haber desperdiciado la oportunidad.
Las buenas intenciones son fundamentales, pero se sostienen a golpe de sujetarse a la ley, medir y evaluar. ¿Se vale transformar? Se debe, siempre y cuando se garantice mejorar. “Cambiar –advertía don Jesús Reyes Heroles—, no significa destruir lo hecho, cambiar y conservar confluyen en una misma palabra: continuidad”.
Con el respaldo de mi grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, el PRI, que en el nombre y en su historia lleva la convicción del respeto a las instituciones, presenté esta semana una iniciativa para modificar las leyes de Austeridad Republicana, del Instituto Nacional de las Mujeres y General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de una política de austeridad republicana, sí, pero con responsabilidad social.
El objetivo es establecer un mecanismo que evite que la política de “austeridad” continúe usándose como excusa para reducir presupuesto o desaparecer programas estratégicos que salvaguardan los derechos sociales de la ciudadanía como lo sucedido con las estancias infantiles, medicamentos, salud, educación, becarios, emprendimiento o energías limpias; o que se continúe desmantelando instituciones sin ningún análisis, como sucedió con Promexico, el Instituto Nacional del Emprendedor, el Consejo de Promoción Turística o el Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
La propuesta establece los siguientes candados:
1. Que cualquier política justificada en la austeridad republicana y que tenga por objeto la reducción presupuestal a programas sociales o la eliminación de alguno de ellos; así como la desaparición, simplificación o fusión de dependencias o instituciones enfocadas a salvaguardar los derechos sociales de la ciudadanía, cuente, previo a su implementación, con un informe de impacto, económico, social y jurídico.
2. Para evitar un sesgo gubernamental, se propone que dichos informes cuenten con una opinión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
3. El informe y la opinión correspondientes, deberán ser analizados por el Comité de Evaluación previsto en la Ley de Austeridad Republicana, para determinar la viabilidad de la política pública.
4. Los resultados que emita el Comité de Evaluación deberán ser enviados al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión para ser evaluados.
5. Se establece que, si dicha modificación requiere una modificación legal, la iniciativa del Ejecutivo Federal que la proponga, deberá contener el informe que establece dicho mecanismo.
6. De igual forma se establece que el Legislativo deberá tomar las acciones pertinentes en su normatividad, para asegurar el cumplimiento de dicha disposición.
Adicionalmente y convencida de que el camino correcto es fortalecer las instituciones, propuse adicionar en la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, la restricción prevista en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de que no podrán reducirse las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre mujeres y hombres ni a la atención de políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y en todo caso, se velará por un aumento de recursos progresivo, respecto del presupuesto asignado en el ejercicio fiscal anterior.
Diputada federal reelecta por el Distrito 27 Edomex.
@AnaLiliaHerrera
