¿A quién acudes cuando te agreden elementos del Estado y es el Estado el que te debe brindar protección y justicia? Fue la pregunta que se hizo Yndira Sandoval, tras ser víctima de tortura y agresión sexual, a manos de policías municipales de Tlapa de Comonfort, Guerrero, y luego ser revictimizada por estereotipos de género, al exigir acceso a la justicia.
Fue la semilla que engendró la ya famosa y vigente Ley 3 de 3 contra la violencia, que adiciona el Artículo 38 constitucional, para suspender los derechos y prerrogativas de los ciudadanos:
1. “Por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual;
2. Por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
3. Por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa”.
Supuestos que aplican para tres casos: cargos de elección popular, designación o concurso, al establecerse que “la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público”.
Guerrera por naturaleza, desde aquél 2017, Yndira no descansó hasta obtener una Disculpa Pública por parte de la autoridad responsable, ser incluida en el Registro Estatal de Víctimas; comprometer el seguimiento de la denuncia en contra de la policía agresora, así como garantizar la impartición de cursos de capacitación para agentes municipales y la creación de una escuela de defensores de derechos humanos.
Pero el anhelo de justicia no cesaba. La idea siguió dando vueltas en su cabeza y la llevó a la reflexión colectiva feminista: ¿cómo hacer valer el mandato del Artículo 1º constitucional, para que todas las autoridades cumplan su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, cuando hay agresores que detentan el poder?
Entendimos, explica, que lo que no está prohibido, está permitido y si los estándares para ser servidor público solo exigen “eficiencia”, “honestidad”, entonces el meta mensaje es: no importa si violentas a las mujeres, si abandonas a los niños y a las niñas, si violas, si acosas, eso no importa, porque no compete a tu responsabilidad formal.
En los años setenta, la feminista Kate Millet acuñó el lema “lo personal es político”, señalando al sexo como una categoría social impregnada de política y denunciando que la vida privada de las mujeres y la violencia que sufrían en sus hogares, no era un problema individual ni ajeno la vida pública, sino uno de carácter estructural y una raíz del patriarcado.
Y viceversa: ¿cómo serán las resoluciones de un juez que es deudor de pensión alimenticia?, ¿qué medidas tomará un gobernante que es agresor sexual para prevenir estos casos? O, ¿qué normas y presupuestos impulsará o detendrá un legislador que violenta mujeres?
La organización feminista EQUIS Justicia para las mujeres, señala que para el caso de la violencia contra las mujeres, medir la impunidad exclusivamente desde el ámbito de ausencia de castigo, no contribuye a encontrar soluciones preventivas de políticas públicas que disminuyan la violencia contra las mujeres.
En ese sentido, la Ley 3 de 3 contra la violencia, es preventiva y busca que, quien haya cometido delitos no tenga un cargo público, para perpetrarlo o tolerarlo, sino que sea investigado, juzgado y sancionado.
La historia es más larga y estuvo llena de obstáculos, pero al fin es ley. La hicieron posible colectivas de mujeres como Las Constituyentes Mx Feministas, quienes junto con Yndira la propusieron y cabildearon con legisladoras de todos los grupos parlamentarios; como #NosotrasTenemosOtrosDatos, que dieron seguimiento al primer avance: los lineamientos del INE en el proceso electoral de 2021, o como 50+1, que abrazó la propuesta y se sumó a la exigencia de su aprobación en los congresos locales, entre muchas organizaciones más, que lograron el respaldo unánime de los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión, con la vergonzosa excepción del Partido del Trabajo.
Lograr que ningún agresor vaya al poder, exigía cambiar las reglas de la democracia para destruir el pacto patriarcal en las instituciones. Nadie está exento. Por lo pronto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se atrevió a impugnar esta norma en varias entidades, ahora tendrá que defender a las víctimas, en lugar de actuar como cómplice y encubridora de agresores.
Gracias a Yndira Sandoval y a muchas más, por dar la batalla, por pasar de sobrevivientes a heroínas, por lograr que el dolor personal, trascienda en beneficio público. Por lograr que, como dice Vivir Quintana, del miedo que sembraron, crezcan alas.
Diputada federal reelecta por el Distrito 27 del Estado de México.
@AnaLiliaHerrera
