Con un sistema educativo al borde del colapso, la próxima legislatura en la Cámara de Diputados deberá priorizar en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el rescate de la educación pública que en México pierde alumnos a pasos agigantados, pero también su carácter gratuito, universal y la calidad.
Frente a Morena y sus aliados, que tendrán los votos suficientes para aprobar solos el paquete económico 2022, el bloque opositor deberá ser portavoz de la incertidumbre y la impotencia que prevalecen entre las maestras y maestros que buscan la manera de regresar a clases en planteles que, tras 15 meses de abandono, piden a gritos mantenimiento, la reposición del equipamiento que la inseguridad les arrebató, así como ventilación suficiente, lavamanos y agua potable, requisitos mínimos indispensablles para un retorno seguro.
La emergencia educativa tiene que ver con la pandemia, pero también con las malas decisiones o la inacción del gobierno federal. La escuela en casa evitó muertes y contagios, pero descargó la responsabilidad de brindar educación en las familias. Ahora, ante la expectativa de un regreso a clases, no es posible admitir la omisión gubernamental.
A 15 meses de la pandemia por Covid y tres años de gobierno, queda claro que La Escuela es Nuestra, no es el programa que dignificaría las condiciones de los planteles educativos, evitaría la corrupción o agilizaría la entrega de recursos a las escuelas, como prometieron. Simplemente no llega.
Tras eliminar el Instituto Nacional para la Infraestructura Educativa (INIFED) con su mayoría legislativa, el gobierno federal actual creó el programa La Escuela es Nuestra en 2019, pero con menos recursos, objetivos adicionales y con el sello de la casa: sin pasar por las entidades federativas o los ayuntamientos, sino como transferencias monetarias directas a una nueva figura creada en la ley: los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) de cada plantel, que recibirían recursos y rendirían cuentas sin tener cargo ni responsabilidad pública.
Datos de la investigación “La Escuela es Nuestra. Evolución del gasto y objetivos”, que realizó Thamara Martínez del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A. C. (CIEP), revelan que este recurso ya es clasificado como subsidio, por lo que “forma parte del gasto corriente, situación con la que los recursos públicos para infraestructura educativa se mantienen a la baja, (…) además de que para 2021, el presupuesto asignado a este propósito asciende a 240 millones de pesos: 79.1% menor en términos reales, comparado con el gasto ejercido en 2020”.
El análisis del CIEP revisa también los otros dos componentes del programa: la ampliación de la jornada escolar y desarrollo de habilidades musicales mediante la conformación de orquestas sinfónicas y coros, así como la mejora de la seguridad alimentaria de las y los alumnos, metas que se antojan imposibles con las escuelas cerradas, por lo que dichos recursos bien podrían utilizarse para rehabilitar las condiciones físicas de los planteles educativos, para garantizar un regreso seguro a clases.
Y es que datos de la propia SEP asentados en el estudio, indican que “durante el ciclo escolar 2019-2020, 14.1% de las escuelas básicas no contaban con servicio de electricidad y 64.1% carecían de conexión a internet; 27% no tuvo acceso a agua potable y 17.3% no contó con sanitarios independientes”, sin contar la falta de accesibilidad de los planteles, para recibir a personas con discapacidad.
La Real Academia Española define colapso como la destrucción, ruina de una institución, sistema o estructura. A mitad del sexenio hemos sido testigos del colapso del metro, del sistema de salud y aunque más lento y menos letal, estamos a tiempo de frenar el colapso educativo, porque aspirar a concretar sus sueños y a tener una vida libre y mejor, es un derecho que no podemos arrebatar a la niñez y a la juventud mexicanas.
Diputada federal electa por el Distrito 27 del Estado de México.
@AnaLiliaHerrera
