La visión presidencial amenaza el derecho de la juventud mexicana a recibir educación de “excelencia” como dice la Constitución; hoy bastan las mejores intenciones y un 90% de honestidad, para que nadie se llame a engaño y pueda ir a la “universidad”, aunque sus estudios carezcan de validez oficial.
Para dimensionar la importancia de la calidad educativa, pongamos el ejemplo de la UNAM, la universidad mejor evaluada de 200 centros educativos de nivel superior en América Latina y una de las dos mejores instituciones de Iberoamérica, según el QSWorld University Rankings 2020.
Estas evaluaciones realizadas cada año por distintas organizaciones e instituciones, miden indicadores vinculados a la enseñanza, la reputación académica, la opinión de empleadores, la proporción entre estudiantes y profesores, los protocolos de investigación, la transferencia de conocimientos, la calidad de la docencia y la visión internacional, entre otros aspectos.
En un país con profundas desigualdades sociales como México, hablar de la calidad de la educación superior es fundamental, pues apenas casi 4 de cada 10 jóvenes están en las aulas y el porcentaje de matrícula atendida en programas de calidad alcanza el 51%.
El dicho de campaña “primero los pobres”, debería considerar que los jóvenes pertenecientes a este sector de la población son en muchas ocasiones los primeros de su familia en acceder a este nivel educativo, de tal suerte que ofrecerles opciones educativas de baja calidad, solo se traduce en menores oportunidades de competitividad, empleabilidad y hasta falta de continuidad de sus estudios. Adiós movilidad social.
El Estado mexicano no debería permitir que un particular ofrezca servicios educativos sin garantía de validez oficial, con el único requisito de mencionarlo en su publicidad y en los documentos que emita.
Obtener el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), requiere acreditar que sus instalaciones satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas necesarias; académicos de asignatura o de tiempo completo, que posean como mínimo el grado correspondiente al nivel educativo en que se desempeñarán y la experiencia docente necesarias.
Asimismo, establece horas a cumplir de planes y programas de estudio con objetivos claros, perfil del egresado, métodos y actividades para alcanzarlos; criterios y métodos de evaluación, pero sobre todo, garantizar que para el título de profesional asociado o técnico superior universitario, el plan de estudios desarrolla habilidades y destrezas relativas a una actividad profesional específica.
Y como para exigir hay que cumplir, esta semana presenté una iniciativa para que todas las instituciones (públicas y privadas) que oferten educación superior, cumplan los requisitos del RVOE.
A tono con la “cuarta transformación”, no es honesto, moral y menos profesional, que el Estado abra “universidades” como las Benito Juárez que, de acuerdo con el estudio de la organización Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, no cumplen ni con sus propios lineamientos y en promedio, solo pueden acreditar el 46.2% de los criterios que establece el RVOE.
A diferencia de una institución particular, las públicas solo necesitan la autorización oficial y una clave. Sin embargo, la mejor intención presidencial y una norma a modo, no pueden ni deben justificar escuelas “patito” a una juventud que merece oportunidades reales de desarrollo.
Digámoslo claro: si fueran instituciones privadas, las Benito Juárez estarían imposibilitadas para obtener un RVOE y en consecuencia, un joven que cursara ahí sus estudios, no podría obtener un título profesional y mucho menos una cédula. Pareciera que estamos frente al intento de masificar y precarizar la educación para la obediencia y no de educar para la libertad.
Diputada federal mexiquense.
@AnaLiliaHerrera
