La justicia no siempre alcanza a las víctimas. Hace poco, durante una gira por Metepec, se me acercó una señora acompañada de una joven, para narrarme cómo el padre de ésta había matado a su madre y cumplía en la cárcel su sentencia por feminicidio.
Mayor de edad, hija única y sin una red de apoyo familiar, la joven encontró albergue en casa de su mejor amiga. “Estamos dispuestos a apoyarla, pero apenas salimos con los gastos de la familia y no podemos darle el estudio que ella anhela y merece, necesitamos una beca”, planteó mi vecina.
Tras el cubrebocas de la joven encontré una mirada triste, sostenida quizás por la esperanza de encontrar el respaldo necesario para construirse un futuro. “No quiero dejar de estudiar”, recalcó. Tomamos sus datos y me despedí con el compromiso de buscar ayuda. ¿A dónde, me pregunté, si el gobierno federal desapareció el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral?
El año pasado Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, desaparecieron 109 fideicomisos, uno de ellos por 574 millones 511 mil 883 pesos, cuyo objetivo era brindar los recursos de ayuda y la reparación integral de las víctimas de delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos. El dinero se fue a la Secretaría de Hacienda, donde ahora —sin etiquetas— es de libre disposición en la administración federal.
A la mitad del sexenio, los golpes de realidad cambiaron ya el discurso oficialista, que al fin reconoció el aumento de la violencia contra las mujeres, pues tan solo durante los primeros cinco meses de este año, el delito de feminicidio subió 7.1% respecto del mismo periodo de 2020, según datos de la propia Secretaría de Seguridad Pública, en tanto que delitos como las violaciones registran un aumento de 30% en el mismo periodo.
Lo que urge cambiar, es la estrategia. La violencia contra las mujeres y los programas que necesitan para prevenirla o salir adelante, no distinguen ideologías partidistas ni admiten clientelismos. Urge erradicar la impunidad, sí, pero también recuperar los fondos para que la justicia permita a las víctimas recuperarse y reinsertarse de la mejor manera posible a su propia vida.
Ante la desaparición de fondos federales, el Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, no se quedó de brazos cruzados y en un esfuerzo conjunto con el Congreso local, logró el presupuesto para los programas Canasta Alimentaria para Víctimas del Delito de Feminicidio y Desaparición, y Valentina para la atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por el Delito de Feminicidio y Desaparición.
La buena política es posible cuando se privilegian las causas de la sociedad por encima de las diferencias políticas. Vaya con estas líneas mi reconocimiento al gobernador Alfredo del Mazo y a quienes integran la actual legislatura del Congreso mexiquense donde, por cierto, la mayoría es morenista: la joven que conocí podrá estudiar becada y además contar con un apoyo alimentario para su nueva familia.
A unos días de iniciar la próxima legislatura federal, nos alistamos para la batalla más importante del primer año: la de recuperar los recursos para que el Estado mexicano asuma la responsabilidad que le corresponde, para erradicar la violencia contra las mujeres.
La coalición que formaron Morena, PT y PVEM tiene la mayoría necesaria para aprobar sola el presupuesto; ojalá tenga la sensibilidad de escuchar el clamor de la realidad social y la humildad para enmendar errores tan graves como la desaparición de estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo o el regateo a los refugios para víctimas de violencia y sus familias.
Diputada federal electa por el Distrito 27 del Edomex.
@AnaLiliaHerrera
