Hablar de las mujeres en el poder, significa influir en decisiones y presupuestos para garantizar derechos, ni más, ni menos. El movimiento feminista se instaló ya en los procesos electorales de este año, pese a las decisiones anticlimáticas del gobierno federal, de eliminar programas y presupuestos para los distintos tipos de cáncer femeninos, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, alertas de género y promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.
A fuerza de toparnos con la cerrazón del machismo y pese a las resistencias y presiones de algunos dirigentes partidistas, logramos en tribunales lo que nos regatearon en la mesa: la paridad transversal que mandata la Constitución incluye las postulaciones por las gubernaturas, por lo que este año competirán para ser gobernadoras, políticas de probada trayectoria y resultados.
Este 2021 significa un aliento en la lucha por la igualdad y una muestra de lo que podemos lograr las mujeres unidas por causas concretas: ni la pandemia ni el autoritarismo pudieron con un movimiento auténtico y plural, que el año pasado materializó la violencia política en razón de género.
Así, habrá que pensársela dos veces antes de difamar, divulgar información para desacreditar o denigrar e intentar menoscabar el ejercicio efectivo de nuestros derechos políticos y electorales y leer a detalle el Artículo 20 Tercero de la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
Las sanciones previstas van dirigidas a los partidos, agrupaciones y personas físicas o morales, sin distingo de cargos y pueden ser, desde una amonestación pública, una multa económica, la suspensión de propaganda electoral o hasta el 50 por ciento de la reducción del financiamiento público en el caso de los partidos. Hasta que el respeto a los derechos de todas y todos, se haga costumbre.
Pero el proceso electoral de este año será también una oportunidad para prevenir la agresión desde el poder y un ya basta a la desigualdad y la violencia contra las mujeres: la iniciativa 3 de 3 contra la violencia, promovida por las Constituyentes Feministas Mx, busca que quien aspire a un cargo de elección popular, no tenga sanción por violencia familiar, delitos sexuales o por ser deudor de pensión alimentaria de sus hijos.
Un acto de justicia y congruencia elementales, en un México donde diario ocurren 11 feminicidios; en el que cada año se acumulan cientos de miles carpetas de investigación por el delito de violencia doméstica y donde 75% de los hijos de padres separados, no reciben pensión alimenticia.
Se trata de erradicar la violencia que en muchas ocasiones se ejerce con la complicidad e impunidad que brinda el poder mal utilizado; de garantizar congruencia entre el decir y el actuar, para que las decisiones públicas tutelen derechos y no a quien los transgreda.
Este requisito, así como las denuncias por violación y agresión sexual presentadas y archivadas sin explicación por la autoridad, tienen en entredicho la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero por Morena, un caso justificado a priori por el presidente de la República y su partido, con el argumento de que son acusaciones “producto de la temporada (electoral)”.
Lo que habría que advertir es que la temporada de violencia es inadmisible, que sabemos el largo camino por andar y que de ninguna manera es una persecución hacia los hombres. El reto es mayor: incidir en programas y presupuestos para abatir la desigualdad y garantizar la existencia de tomadores (as) de decisiones congruentes y capaces de evitar lo que ocurre en este sexenio: que presionado por el movimiento feminista da un paso hacia adelante, pero luego veinte hacia atrás.
