En más de un sentido, la Universidad Nacional Autónoma de México es depositaria de los mejores propósitos y aspiraciones de los mexicanos. Cada año ingresan a sus aulas cerca de 356 mil alumnos y es la institución que más aporta a México en la enseñanza, investigación y difusión de prácticamente, todas las disciplinas del conocimiento.
Su autonomía, pero sobre todo la diversidad intelectual y social que alberga en cada uno de sus planteles, son una puerta siempre abierta a la libertad de pensamiento y de expresión, un esfuerzo cotidiano por hacer del conocimiento una herramienta para la justicia social y la superación personal.
Su calidad y gratuidad la convierten en fiel reflejo de la sociedad mexicana y sus demandas de igualdad, justicia y seguridad.
Así, es pertinente y deseable que sus estudiantes exijan respeto a sus derechos y denuncien cualquier violación a ellos, especialmente en materia de acoso sexual y violencia de género, en un contexto donde las nuevas generaciones de feministas en el mundo, se unen para exigir a las autoridades seguridad y perspectiva de género en la atención a la violencia cotidiana que se padece por el simple hecho de ser mujeres.
Si bien las demandas planteadas por la comunidad universitaria son más que pertinentes, justificadas y atendibles, es inadmisible utilizar la ruta de la violencia como alternativa de solución.
Son reprobables las agresiones a estudiantes y docentes, el cese de clases, así como los actos de vandalismo y los daños infringidos al patrimonio histórico de la UNAM, que también lo es de todos los mexicanos. Intentar desestabilizar a una institución de tal envergadura no conviene a nadie y sí demerita la lucha contra la violencia hacia las mujeres, en la que toda la sociedad debiera estar inmersa para erradicarla.
Como mujer y madre, respaldo las legítimas demandas que, una vez más, ponen a prueba la capacidad institucional no solo de la UNAM, sino del Estado mexicano, convencida de que la violencia de género no se erradicará con paros, amenazas y agresiones, sino con esfuerzos institucionales integrales y de largo aliento, para prevenirla y castigarla.
Por el número limitado de espacios y su nivel de excelencia, ingresar a la Universidad de la Nación es un privilegio y un derecho que nadie debiera violentar.
En cada estudiante hay un proyecto profesional y de vida que no debe truncarse por la violencia que se ejerce contra las mujeres, ni por presuntos defensores de derechos que obstaculizan su derecho a prepararse cerrando planteles o destruyendo la infraestructura existente, afectando y estigmatizando su futuro laboral.
Como egresada de la UNAM y legisladora, reconozco al rector Enrique Graue no caer en provocaciones y asumir de frente a la comunidad universitaria, su responsabilidad de atender las demandas de quienes han sido violentadas y de establecer medidas para prevenir y sancionar la violencia.
Deja claro que la institución está del lado de las mujeres y sus derechos, con respeto, diálogo y legalidad.
Decía Gandhi que “la violencia es el miedo a los ideales de los demás”; por eso, cero tolerancia a quien atenta contra la integridad física o emocional de las mujeres, pero también castigo para quienes pretenden combatir la violencia con agresiones y enfrentamientos.
La educación es un derecho y una necesidad en nuestra sociedad, como pudimos constatar en estos días, cuando ante una evidente incapacidad de respuesta institucional, la ocurrencia gubernamental de la semana pretendía eliminar el tipo penal de feminicidio.
Como si cerrando los ojos a la realidad, pudiéramos transformarla…
Diputada federal mexiquense.
Maestra en Derechos Humanos y Garantías.
@AnaLiliaHerrera
