A un lado el pudor. Menstruar no es una elección ni un lujo y sí: es molesto, penoso si te mancha la ropa, doloroso y hasta un pretexto para quienes pretenden minimizar los argumentos femeninos, “porque seguramente estamos en nuestros días” y además, ¿debe ser costoso?
Tema tabú, el estigma social de la menstruación se ajusta a las categorías definidas por el sociólogo Erwing Goffman, “en lo corporal por ser el fluido que más repulsión social despierta, en lo individual en cuanto [que se encuentra] asociada al carácter durante las fases menstruales y en lo social por vincularse al sexo”.
El problema adicional en México es que los productos de higiene menstrual están sujetos a la tasa del 16 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), como si fueran un artículo de lujo y no una necesidad.
Esta disposición tributaria es discriminatoria, pues el Estado debería garantizar que las niñas y las mujeres puedan gestionar con higiene, seguridad y dignidad, su periodo menstrual.
Cuando en 2016 Angélica de la Peña llevó el tema al Senado, advertía con claridad que “la carencia de recursos económicos para adquirir toallas y tampones, debido a los precios exorbitantes o la falta de acceso a dichos productos, hacen que se busquen otras alternativas, como ropas viejas, trapos, periódico y hasta tierra; además, la falta de acceso al agua potable obliga a muchas mujeres a lavar sus ropas en agua sucia y, por vergüenza de secar las ropas manchadas al aire libre, suelen volvérselas a poner húmedas, prácticas que pueden provocar infecciones y enfermedades vaginales, vulnerándose el derecho a la salud”.
Datos de la OCDE revelan que las mexicanas, además de tener menos oportunidades profesionales, enfrentamos más obstáculos para realizar trabajos remunerados, sufrimos acoso y en promedio, ganamos 14 por ciento menos que los hombres.
La Legislatura de la Paridad en la Cámara de Diputados, arrancó ya la discusión del paquete económico y están presentadas iniciativas de mis compañeras Verónica Juárez y Martha Tagle que, en su primer intento, ni siquiera fueron dictaminadas.
Legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios nos sumamos a la exigencia de eliminar un impuesto que parte de nuestra condición biológica, cuando datos del colectivo Menstruación Digna México, estiman que el gasto en productos de gestión menstrual, pueden representar hasta 720 pesos al año, lo que equivale al 5% del total de gastos de un hogar del 10% más pobre del país, además de que una mujer que vive en condición de pobreza, gasta 2.5 veces más en estos productos de higiene íntima, que lo erogado por el 10% más rico de la población.
Las iniciativas propuestas plantean también modificar la Ley General de Educación para garantizar que niñas, adolescentes y mujeres accedan a estos productos indispensables, además de que la Secretaría de Hacienda genere condiciones recaudatorias que privilegien, paulatinamente, el uso de productos sanitarios biodegradables, no desechables o reutilizables.
El argumento en contra es el mismo para lograr una política fiscal con perspectiva de género, pues según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el impacto presupuestal implicaría para el gobierno dejar de recaudar 3 mil millones de pesos al año, aunque a cambio tendría la certeza de que cada centavo benefició a las mujeres no solo en términos económicos, sino de salud.
Diputada federal mexiquense.
@AnaLiliaHerrera
