Enfrentar la incertidumbre que define el futuro de la juventud mexicana, exige replantear las estrategias del presente y hacer valer el peso político de quienes representan una tercera parte de la lista nominal en el país.
Imposible conformarse con una voluntad política que hoy los limita a recibir un subsidio económico, a costa de quitar espacios en instituciones educativas de calidad, de impulsar el emprendedurismo o de generar las condiciones para la creación de empleos dignos, condenando a la juventud a convertirse en clientelas electorales.
México lleva doce años intentando aprobar una Ley General de Juventud, pero gracias a la reforma constitucional de 2020, hoy tiene un mandato y plazo legal para integrar el sentir de quienes tienen en el centro de sus preocupaciones temas como la inclusión, el medio ambiente, la agenda de género, la salud mental, así como el acceso a internet y a las nuevas tecnologías, entre otros, que generaciones anteriores ni siquiera tenían en mente.
A partir de escuchar a su hija de 16 años, la reconocida abogada mexicana, Ana Laura Magaloni, acuñó recientemente el término “derecho al futuro”, consciente de que es parte de una generación que “nunca tuvo que soportar sobre sus hombros la losa del cambio climático para decidir qué iba a hacer con su vida”, como tener hijos o no, porque no sabemos si nos alcanzará el planeta.
La profesora del CIDE afirma con razón, que las y los jóvenes necesitan que su agenda sea escuchada, para que los adultos entendamos que el mundo al que se enfrentan, no es el mismo con el que ellos lidiaron.
“Para quienes nos tocó vivir la transición a la democracia, una de las agendas más relevantes estaba en el mundo del derecho penal, los derechos humanos, el debido proceso, la presunción de inocencia, las libertades y los derechos básicos. Pero la agenda del futuro, la de las nuevas generaciones que ya crecieron en un país democrático, incluye dos grandes temas: género –mujeres particularmente— y medio ambiente. Se trata de una agenda innovadora, fresca y propositiva”, subraya Magaloni.
Por eso hace poco más de un mes, inicié una serie de foros en mi estado, el más poblado del país con casi 17 millones de habitantes y con una diversidad de realidades y retos que merecen ser considerados.
He recorrido planteles de instituciones educativas públicas y privadas en el Estado de México, pero también colonias y barrios para conocer de primera mano las inquietudes y exigencias de las juventudes –así, en plural— que se reconocen diversas, pero que apuestan a vivir en la certidumbre y tranquilidad que los mayores no hemos podido garantizarles.
Las propuestas han sido puntuales y serán acogidas y reconocidas en la iniciativa que presentaré en la Cámara de Diputados: regular la figura de becarios; capacitarse antes de recibir la credencial del INE, a fin de ejercer con responsabilidad sus derechos políticos; cuotas de edad para acceder a puestos de representación popular; impulso a la educación dual; créditos para emprendedores y educación financiera, así como un sinnúmero de propuestas para preservar el medio ambiente y revertir el cambio climático; garantías de acceso al deporte, la cultura, la salud y en especial la salud mental.
Reducir el problema a jóvenes que no estudian y no trabajan, darles un apoyo económico que ni siquiera llega a todos y cerrar los ojos a una realidad que demanda poner fin a las desigualdades y la exclusión, es una apuesta clara por la próxima elección y no por las certidumbres que merece la próxima generación.