México es su gente, no un gobierno. A nuestro país lo sostienen la creatividad y el esfuerzo cotidiano de millones de mujeres y hombres que todos los días trabajan con honradez y se esmeran por dar a su familia una vida digna, con más certezas que incertidumbres.
Así, por ejemplo, 2.7 millones de personas se dedican a las ventas directas y multinivel y de éstas casi el 80 por ciento son mujeres, como Regina, quien vive en Ecatepec, es madre soltera y debe sacar adelante a sus tres hijos en edad escolar, pero no encuentra un empleo distinto, “porque después de los 45 años es muy difícil entrar a una empresa; además solo terminé la secundaria y entre traslados y horarios de trabajo, no tendría quién cuide a mis hijos que aún son pequeños”.
La situación de Regina es la de muchas vendedoras por catálogo. Datos de la Asociación Mexicana de Ventas Directas, revelan que el 47% de las personas dedicadas a esta actividad tienen entre 35 y 49 años, en tanto que un 30%, fluctúan entre los 50 y 65 años o más; el 31% solo cursó estudios de primaria, 28% de secundaria y 26 por ciento de preparatoria.
Son mujeres “luchonas”, pero estoy segura que quieren ser “logronas”, porque aunque casi la mitad de ellas comercializan productos de dos o más empresas, obtienen en el mejor de los casos un ingreso mensual de mil 500 pesos, que representan apenas la mitad de un salario mínimo, que muchas veces reciben en abonos, que no siempre son seguros, pero que hacen la diferencia entre comer carne o no, en hogares que tienen de cuatro a seis o más dependientes económicos.
Por eso no es casual que en días pasados, cientos de mujeres se manifestaran ante la pretensión del gobierno federal de cobrar el impuesto a las ventas por catálogo, con el respaldo del Grupo Parlamentario del PRI a una causa social de elemental justicia que exige proporcionalidad y un análisis minucioso.
Era inadmisible agregar el artículo 76 B a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Quienes se dedican a las ventas directas por catálogo no son responsables del nulo crecimiento económico del país en este primer año de gobierno del “nuevo régimen”, ni lo recaudado con este nuevo impuesto permitirá solventar el déficit que se tendrá en las finanzas públicas del país, aunque sí podría mermar de manera significativa el ingreso de estas familias.
Y como rectificar es de sabios, reconocemos que el nuevo régimen esta vez sí escuchó nuestros argumentos y hasta ahora (habrá que conocer el dictamen definitivo que sometan al pleno de la Cámara de Diputados), eliminó dicho artículo, aunque incluyó un transitorio que no puede ser un cheque en blanco, ni el camino para regular desde el Poder Ejecutivo lo que es facultad exclusiva del Legislativo.
Eliminar el Artículo 76 B permite un respiro a este sector de la población. Aplaudimos la rectificación, pero hay que advertir el riesgo de que las ventas por catálogo se regulen de forma arbitraria, solo con la aprobación del Ejecutivo Federal.
Me explico: de ser votado en sus términos, el artículo transitorio facultaría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a “emitir reglas de carácter general” e “implementar esquemas para establecer y cumplir obligaciones fiscales” de las personas que realicen actividades empresariales con el público en general, a quienes define como “vendedores independientes de productos al menudeo por catálogo o similares”.
La presión social, junto con los argumentos y la voluntad de conciliación del PRI, lograron la eliminación de un artículo y quedan suficientes horas antes de la votación para que la mayoría en San Lázaro acredite con claridad que vela por los sectores más desprotegidos del país. Ese transitorio refleja una buena intención, pero debe ser más específico para acreditarla. No vaya a ser que en lugar de recaudar impuestos, incremente el comercio informal...
Maestra en Derechos Humanos y Garantías.
Diputada federal mexiquense
