Los tienen en la mira y cada día les ofrecen esperanza: el discurso reiterado de “no más estudiantes rechazados”; una reforma legal para que la educación superior sea obligatoria y gratuita; la creación de las universidades Benito Juárez para los más pobres y la repartición de becas para quienes no tienen trabajo ni posibilidad de estudiar.
La juventud mexicana está en el centro del apetito electoral de Morena y su gobierno, pues representa casi la tercera parte de la lista de electores para este 2021, y en 2018, una de cada dos personas de entre 18 y 29 años, votaron a su favor.
Sin embargo, los afanes por conquistar de nuevo su simpatía se toparán de frente con la realidad y no tendrán el mismo efecto. Encuestas recientes, revelan que hoy no todo el electorado joven con estudios de nivel medio y superior evalúa bien el desempeño gubernamental.
El gobierno morenista impulsó la gratuidad y obligatoriedad de la educación superior antes de la pandemia, en 2019, pero hasta ahora ignora el mandato que desde la oposición incluimos en la misma reforma a la Constitución, de asignar un Fondo Federal Especial que asegure los servicios y la infraestructura que se necesitan.
Dos años después, la demagogia persiste: en la primera Ley General de Educación Superior recientemente aprobada, la mayoría oficialista se empeñó en precisar que la gratuidad de la educación superior se implementará de manera progresiva en función de la suficiencia presupuestal y que los recursos deberán considerarse en los presupuestos de Egresos de la Federación 2022 y subsecuentes, “siempre y cuando se presente una variación positiva de la estimación de los ingresos previstos en la ley de ingresos”.
Así, instituciones como la UNAM, el Politécnico Nacional, las universidades autónomas estatales o los Tecnológicos de Estudios Superiores, tendrán que esperar para ampliar su infraestructura, plantillas laborales y por tanto, sus matrículas.
En tanto, la única certeza que se ofrece a la juventud es inscribirse a las Universidades para el Bienestar Benito Juárez que, como el Tren Maya o la refinería Dos Bocas, sí cuentan con la voluntad presidencial que este año les asignó más de mil millones de pesos, aunque según la evaluación del Coneval, no todos sus planes de estudio tienen certificación y validez oficial, además de que falta documentación sobre los procedimientos para la ejecución de las obras en sus sedes educativas.
Por lo que corresponde al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, creado para “incrementar oportunidades de empleo” entre personas de 18 y 29 años que no estudian y no trabajan, la Auditoría Superior de la Federación encontró pagos de becas posteriores a la fecha de fallecimiento de becarios y detectó inconsistencias como centros de trabajo “fantasma”, casos de usurpación de datos de las empresas que realizaron capacitaciones y pagos a Servidores de la Nación.
La pandemia le cayó “como anillo al dedo” a Morena y su gobierno para justificar la opacidad con la que operan y su falta de resultados, pero para la juventud mexicana se traducirá en mayor abandono escolar y menores oportunidades de empleo, aumentos en los niveles de depresión, proclividad a las adicciones y violencia, que también carecen de políticas públicas de atención.
Cada día el “nuevo régimen” mexicano calcula sus pasos para consolidar una clientela electoral, pero subestima a una juventud crítica y participativa, consciente de que los discursos, las leyes, las instituciones educativas y las buenas intenciones, deben respaldarse con presupuesto y resultados, o se convierten en normas de papel, elefantes blancos o palabras que se lleva el viento y de paso, su esperanza y su derecho a la educación pública, gratuita y de calidad.
Diputada federal mexiquense.
@AnaLiliaHerrera
