Quieren todo el poder y todo el dinero, pero ya acreditaron no poder. A poco más de un año, el gobierno que encabeza López Obrador solo ha incrementado la opacidad, las adjudicaciones directas, la inseguridad y el desempleo; ahora, sus leales en el Congreso, están a punto de mostrarle a México que representan los intereses del presidente y no los del pueblo.
A costa de violar la Constitución que juraron respetar, los legisladores de Morena y sus aliados, anunciaron un periodo extraordinario de sesiones para dar un golpe mortal a nuestra democracia y aprobar una iniciativa presidencial que atenta contra la división de poderes al borrar las facultades de aprobación del presupuesto y de fiscalización del gasto público, que tiene la Cámara de Diputados.
El gobierno de la polarización, pretende una regresión democrática nunca antes vista, pues aunque tiene facultades legales para actuar de forma asertiva frente a la crisis que vivimos, aprovecha la ocasión para pavimentar el camino hacia el autoritarismo, haciendo a un lado los contrapesos diseñados para evitar abusos de poder y garantizar nuestras libertades individuales.
La representación popular es irrenunciable e intransferible y quienes hoy estamos en la oposición, no estamos dispuestos a entregar la confianza que un amplio sector de la sociedad nos brindó a través de su voto.
¿O deberíamos permitir que un gobierno que se dice de izquierda, siga atentando contra los derechos laborales de sus propios trabajadores? ¿Se vale condenar a la juventud más necesitada del país a recibir una educación “patito” como la que obtendrán en las universidades “Benito Juárez” consideradas por este gobierno como prioritarias, en lugar de invertir y hacer crecer la matrícula de las más prestigiadas instituciones de educación superior públicas del país?
¿Podemos dejar nuestros impuestos en manos de quien es capaz de pagar por no construir un aeropuerto y pretende contar como “empleos” los programas de transferencias económicas que no brindan seguridad social ni expectativas de crecimiento a quienes los reciben, pero sí los destinan a convertirse en clientelas electorales para subsistir?
Definitivamente no. Como he señalado, queda claro por qué les viene “como anillo al dedo” la actual emergencia sanitaria, pues ante la caída de la popularidad presidencial para asegurar la mayoría del Congreso en 2021, pretenden arrebatar el poder por anticipado, como lo intentaron queriendo administrar las Afores desde el Banco del Bienestar o implantando la suspensión de derechos a través de una cúpula legislativa.
Ignoran que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia donde se advierte que la intromisión, la dependencia y la subordinación, son conductas violatorias del principio de la división de poderes.
Pretenden aprobar una reforma innecesaria e inconstitucional, que permitiría el ejercicio discrecional del gasto público, al anular las facultades de la Cámara de Diputados y disminuir la capacidad de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación.
Se pronuncian así, en contra de los mecanismos de separación de funciones, de control, de colaboración o de mutua vigilancia. La autocracia contra la democracia. ¿Quién podría defendernos de los abusos desde el poder?
Centrados en lo que quieren gastar, pero incapaces de prever y contener el desplome de las finanzas públicas que incluso antes de la pandemia por Covid-19, ellos mismos propiciaron.
Incongruentes, eliminan el Fondo Metropolitano que asciende a 3 mil 300 millones de pesos, pero mantienen la construcción del Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía que, de posponerse, significarían un respiro de 850 mil millones de pesos para atender la contingencia actual.
Es inadmisible. Parafraseando al escritor Antonio Gala, no vaya a ser que a este gobierno todopoderoso le ocurra lo que al nogal, que no deja crecer nada bajo su sombra.
Diputada federal mexiquense.
@AnaLiliaHerrera.
