El cambio de régimen que impulsa el gobierno federal, tiene en la posverdad una de sus mejores y más eficaces armas, como lo acredita la presunta eliminación del fuero constitucional al presidente de la República, recientemente votada por unanimidad en el Congreso de la Unión.
Es cierto. Al amparo del poder, de un cargo público que debería honrarse dando ejemplo de apego a la ley, hay quienes cometen abusos inadmisibles que terminan convirtiendo la inmunidad legal que otorga la ley, en vergonzosos casos de impunidad, dando como resultado un hartazgo social más que justificado.
Igual que en campaña y con una perseverancia y disciplina en el mensaje dignas de reconocimiento, el gobierno emanado de Morena y sus aliados, no ofrece a la sociedad mexicana alternativas de solución reales, pero sí le brinda la posibilidad de canalizar emociones y creencias personales, sin hechos objetivos que las sustenten.
Es el caso del fuero constitucional que nuevamente fue llevado a la discusión y aprobación unánime en el Congreso de la Unión. El dictamen fue avalado porque amplía el catálogo de delitos por los que puede ser juzgado el titular del Poder Ejecutivo, pero miente quien afirme que le retira el fuero: al más puro estilo de la posverdad, ni reduce la desigualdad entre representante y representados, ni elimina la ruta de excepción que ya tenía y que mantendrá quien ocupe la Presidencia del país.
La reforma morenista mantiene dicho mecanismo de protección, ya que ante la comisión de un acto delictivo, el caso del presidente de la República debe presentarse primero ante la Cámara de Diputados que, de encontrarlo procedente con el voto de la mitad más uno, lo turnaría al Senado, donde solo una votación de más de dos terceras partes de sus integrantes, podría cesarlo para que, entonces sí, pueda ser imputado por la Fiscalía General de la República.
¿Cuál fue el avance entonces? los supuestos por los que puede iniciarse el proceso de destitución, aunque la intención más que justiciera parece electorera, pues otra vez, apela a las emociones y creencias de la opinión pública al establecer que “puede ser juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que puede ser enjuiciado un ciudadano o ciudadana”.
Fueron ignoradas las reservas del PAN, que sugería señalar que el presidente de la República puede ser juzgado por cualquier delito y punto, o la de mi compañero Enrique Ochoa, que propuso incluir el catálogo completo de delitos graves previstos en el artículo 19 constitucional, a fin de que cualquier conducta delictiva sea notificada a la Fiscalía, respetando el filtro del Congreso de la Unión.
En resumen, eliminar el fuero presidencial implicaría someterlo al Poder Judicial frente a una imputación directa del Ministerio Público y eso no ocurrió ni es deseable, pues pondríamos al jefe del Ejecutivo ante el riesgo del uso político de las instituciones de justicia y la consecuente merma de la estabilidad de nuestro sistema político.
Como la rifa del avión que no es rifa, el fuero se quita pero permanece en esta era de la posverdad que miente al pueblo para intentar acreditar el cumplimiento de un compromiso de campaña o quizá para distraer y distraerse de lo sustancial: la pandemia de salud y la crisis económica que tienen en riesgo a millones de familias que perdieron su fuente de ingresos y necesitan con urgencia el apoyo del Estado mexicano para subsistir.
Diputada federal mexiquense
@AnaLiliaHerrera
