¿Quién puede oponerse a la “austeridad republicana”? Nadie que concuerde con la necesidad de “combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales”, a menos que este principio, lejos de lograr su objetivo, atente contra la vida de las personas y sus derechos, como ocurre en México.
A mitad del camino, la “austeridad republicana” vive en los dichos, pero no en los hechos: su ley, vigente desde 2019, está impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su Comité Interinstitucional, al parecer acata instrucciones, pero no evalúa y de paso incumple su obligación de reportar anualmente su labor a la Cámara de Diputados.
Quizá en el gobierno federal tampoco han leído la norma que, más allá del discurso de combatir males intolerables, también lo obliga a que los recursos públicos se administren “con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.
La bandera política es inobjetable: no puede haber gobierno rico, con pueblo pobre. Pero si ahora el gobierno es pobre y honrado, ¿por qué entre 2018 y 2020, el Coneval reporta un aumento de la población con carencia por acceso a los servicios de salud?, ¿por qué en tan solo dos años pasamos de 20.1 a 35.7 millones de personas, que reportaron no estar afiliadas, inscritas o tener derecho a recibir servicios de salud en una institución pública o privada?
Porque el dilema de la cuatroté es falso: la austeridad exige ajustarse a las normas de la moral, sobriedad y cerrar el paso a los excesos; ahorros en lo innecesario, pero no en lo indispensable, y porque nuestra aspiración en un país democrático no son artículos de lujo, sino dignidad, libertad e igualdad de oportunidades.
Así, la austeridad no solo tiene que ver con los recortes indiscriminados en el presupuesto, sino con el análisis riguroso del impacto que el pago de nuestros impuestos tiene, al transformarlos el gobierno en políticas públicas. Por eso aspiramos a tener servidores públicos preparados y experimentados, con el valor y la ética necesarios para disentir cuando reciben instrucciones que llevan a México de reversa y sin retrovisor de por medio.
De no ser así, la austeridad está mal entendida. ¿Fue por motivos de “ahorro” la reforma legal que aprobaron en 2018 Morena y sus aliados, que eliminó requisitos para titulares de las delegaciones de la Administración Pública Federal? ¿Por qué borrar la exigencia de contar con estudios académicos en materias afines a sus atribuciones; haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, que implican conocimiento y experiencia administrativa, e incluso quitar el requerimiento de no haber sido sentenciados por delitos patrimoniales o estar inhabilitados para desempeñar un cargo en el servicio público?
Urge poner un freno a una austeridad que no es republicana, sino ideológica, pues a mitad del sexenio, los dichos no cuadran con los hechos y la Cámara de Diputados debe hacer valer su facultad de fiscalización. Por eso, en los próximos días presentaré una reforma legal, a fin de que toda propuesta de la mayoría, relacionada con la austeridad republicana, cuente con un impacto económico, social y jurídico, que permita definir sus alcances y consecuencias económicas y sociales.
Ningún gobierno querría un legado de normas impugnadas por contravenir la Constitución y menos de retrocesos en los derechos del pueblo que lo eligió. Es momento de corregir y quizá leer con cuidado aquel discurso de Benito Juárez donde sí, señaló que los funcionarios públicos deben consagrarse al trabajo y vivir en la honrosa medianía que proporciona su retribución, pero también advertía que, bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, ni gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes.
Diputada federal por el Distrito 27 del Estado de México.
@AnaLiliaHerrera
