Como madre, lo tengo claro: las familias somos las más interesadas en el regreso a clases presenciales. La tensión familiar crece a la par del rezago educativo, el abandono escolar, los problemas de salud física y mental, así como los gastos (o la imposibilidad de hacerlos) en internet, energía eléctrica y dispositivos tecnológicos para acceder a la “escuela en casa” y ni qué decir de la impotencia por la falta de tiempo o conocimientos para guiar a nuestros hijos en su formación académica.
La madre que soy, también sabe que la vida tiene riesgos, pero nunca a costa de perder la vida y como servidora pública, sé de la responsabilidad legal y moral que deben tener quienes actúan desde las instituciones, esas que se pagan con nuestros impuestos y que están obligadas a tomar decisiones informadas porque tienen impacto en la vida de millones de personas.
Por eso llama mi atención que la discusión del regreso seguro a clases se centre en la autenticidad o pertinencia de una carta responsiva para las familias y no en la responsabilidad gubernamental; no se trata de querer volver a la escuela, se trata de poder hacerlo.
Corresponde al gobierno federal definir cómo, con qué y, de paso, cerrar debates estériles que polarizan como le gusta, pero no resuelven. Desde mi punto de vista, una reapertura de escuelas segura y exitosa, debe pasar por un decálogo donde más que deslindar, asuma las responsabilidades que le competen:
1.- Acceso a pruebas para detectar Covid-19. El exsecretario de Salud Julio Frenk advirtió recientemente que se debe establecer un régimen riguroso de pruebas y esquemas de muestreo rotatorio con planes de cuarentena.
2. Garantizar el esquema completo de vacunación para el personal docente y administrativo, que en su mayoría fueron vacunados con CanSino, ahora que la biofarmacéutica CanSino Biologics recomendó la aplicación de una segunda dosis de su vacuna a los seis meses de la primera, para reforzar significativamente la protección contra Covid-19 .
3. Implementar la vacunación para niñas y niños en edad de recibir la inmunización.
4. Establecer un fondo económico para dotar a las escuelas públicas de los insumos necesarios: jabón, gel, termómetros, monitores de concentración de CO2. Confiar en que se resuelva a través de los ayuntamientos o las cuotas de padres y madres de familia, es desconocer la diversidad de capacidades que enfrentan los gobiernos municipales, así como la crisis económica por la que atraviesan muchas familias.
5. Inversión en infraestructura educativa, para garantizar agua, lavamanos y ventilación, que tal vez podría solventarse con el subejercicio que tiene la SEP por más de 15 mil millones de pesos, según el informe que envió recientemente Hacienda a la Cámara de Diputados.
6. Uso obligatorio de cubrebocas.
7. Mantener el distanciamiento físico y evitar aglomeraciones.
8. Disponer de un protocolo aprobado por el Consejo de Salubridad General, como propuso esta semana el exsecretario de Salud José Narro.
9. Capacitar a maestras, maestros, personal administrativo de las escuelas y a padres de familia, para la detección oportuna de síntomas, los protocolos a seguir y la correcta atención y canalización a nivel local de cada caso.
10. Que la SEP publique a la brevedad los lineamientos académicos para implementar el sistema educación híbrido, como la mandatan las reformas legales aprobadas en abril pasado, pues frente a un regreso voluntario, no podemos permitir que se sigan incrementando los niveles de abandono escolar.
En medio del pico más alto de contagios y defunciones en esta tercera ola de la pandemia, el gobierno debe entender que lo barato sale caro y el costo de hacerlo a golpe de ocurrencias, son vidas. Es inadmisible improvisar.
@AnaLiliaHerrera
