Sin abstracciones. Una cosa es poner en la Constitución que la educación superior en México es obligatoria y de excelencia y, otra muy diferente, lograr que se materialice.
La voluntad política y el conocimiento de la compleja realidad de este nivel educativo, serán fundamentales para dar los pasos correctos en este 2020, al inicio del sexenio y con el mandato constitucional de construir y aprobar la primera Ley General de Educación Superior en nuestro país.
Repartir culpas ya no alcanza y por fortuna, a petición de la pasada administración federal, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), realizó un balance sobre la situación del sector y las políticas educativas federales y estatales, con la ventaja de comparar los avances con la revisión que diez años antes, en 2008, hizo también este organismo internacional sobre el tema en nuestro país.
Ayer, el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, dio a conocer los resultados de los estudios Educación superior en México. Resultados y relevancia para el mercado laboral, y El futuro de la educación superior en México, fortalecimiento de la calidad y la equidad.
Ambos documentos serán fundamentales en la construcción de una norma que defina responsabilidades concretas para los distintos ámbitos de gobierno, e incluso para las propias instituciones de educación superior que deberán ser partícipes de este ejercicio legislativo, no solo por su autonomía o nivel de especialización, sino porque las mejores soluciones parten siempre de la realidad y nunca desde la comodidad de un escritorio.
Y es que, pese a que en la última década el porcentaje de adultos jóvenes con educación superior aumentó en México de 16% a 23%, estamos lejos del promedio de los países integrantes de la OCDE, que es de 44%, además de las enormes diferencias de cobertura y calidad por regiones, que son un reflejo de la inequidad social existente.
¿Qué hacer para remediarlo? De entrada, el informe sobre el futuro de la educación superior propone concretar, “en cooperación con el sector de la educación superior, un marco legal más transparente para dar claridad y certeza sobre las funciones y responsabilidades específicas de los gobiernos federal y estatales”.
Para los especialistas que elaboraron el documento, se requiere fortalecer la capacidad de las autoridades para coordinar y encaminar a los sistemas regionales pero también garantizarles una redistribución equitativa de los fondos públicos y mayores mecanismos de transparencia y sistematización de información.
Por lo que se refiere al financiamiento, destaca que el gasto gubernamental por estudiante en este nivel educativo, no ha logrado mantener el ritmo del crecimiento de la matrícula, ni tampoco existen criterios preestablecidos: la asignación de recursos públicos a las instituciones de educación superior, se basan en costos históricos y negociaciones, sin fórmulas.
Lamentablemente, los presupuestos 2019 y 2020 aprobados en el actual periodo gubernamental por Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, siguen con esa inercia, cuando hasta ahora —precisa la OCDE— no existe una relación directa entre el presupuesto que reciben las instituciones con su matrícula, sus actividades o resultados.
Decía el expresidente Benito Juárez que “la educación es fundamental para la felicidad social; es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos”.
Exigiremos al gobierno federal y su mayoría legislativa dejar a un lado afanes clientelares y centralistas, en congruencia con el estadista oaxaqueño y con el derecho y aspiración de la juventud mexicana, de prepararse para incorporarse de forma exitosa a la vida productiva.
Diputada federal mexiquense.
@AnaLiliaHerrera
