Bien dice la sabiduría popular: la palabra invita, pero el ejemplo arrastra. Y eso hicieron esta semana los legisladores de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados al seguir a pie juntillas el actuar lopezobradorista y convertirse, sin pudor alguno, en una extensión de la voluntad del Presidente de la República.
Un gobierno que minimiza la responsabilidad de actuar que tanto buscó y ahora que puede, se dedica a predicar y a concentrar poder en función de una agenda política; una administración que se propuso velar por los más pobres, pero que hoy se desconcierta y victimiza frente a los reclamos sociales por la violencia contra las mujeres y los feminicidios, por el decrecimiento económico ocasionado o bien, por la falta de acciones contra la pandemia mundial que ya nos alcanzó, el Coronavirus.
Legal y moralmente derrotado, el movimiento que encabeza el presidente mexicano alcanza niveles de osadía insospechados y subordina (vía la mayoría que conforman Morena, PT, PES y PVEM) al Poder Legislativo que, por el bien del país y de los más pobres, debería actuar como su contrapeso y no como su sombra.
Emulando la actividad que mantiene el Ejecutivo federal en campo y en sus conferencias matutinas, la mayoría oficialista de diputados, decidió sesionar esta semana, pese a la emergencia sanitaria que vivimos y los argumentos en contra expuestos por legisladores del PAN, PRI, MC y PRD, quienes advirtieron del riesgo de convocar a legisladores provenientes de todo el país y exponerlos a ellos y a sus colaboradores al contagio, ya sea en un aeropuerto o en el mismo recinto de San Lázaro, que se estima congrega a unas cinco mil personas en día de sesión.
Así, la reelección de diputados y senadores encabezó la agenda prioritaria de Morena y sus aliados, quienes ignoraron las iniciativas en la materia presentadas durante 2018 y 2019 y modificaron el Orden del día previsto para incorporarla y someterla directo a “discusión” y votación del Pleno, rompiendo así el principio de equidad en la deliberación parlamentaria que debe existir previo a cualquier decisión de un órgano plural y colegiado como la Cámara de Diputados.
Una reforma cuya prisa es tan difícil de explicar, —el plazo para emitirla vence en mayo— como el protagonismo del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), que además de no excusarse por evidente conflicto de interés, presentó la única reserva aprobada para permitir su reelección, aún cuando su partido carece de registro.
De igual forma, sin pasar por las comisiones legislativas correspondientes y en franca violación a los principios constitucionales de debido proceso y legalidad, la cámara baja aprobó el miércoles un fondo para que el gobierno se pueda endeudar por más de 180 mil millones de pesos, en caso de contingencia.
“Manga ancha”, como explicó mi compañero Fernando Galindo, para que quienes tanto criticaron el endeudamiento del país y habiendo recibido finanzas sanas, hoy puedan endeudarlo sin definir cómo, para qué y bajo qué reglas de operación y sin considerar que con la creación del nuevo instituto de Salud (Insabi) liberaron 40 mil millones de pesos para gastos catastróficos que tenía ahorrados el extinto Seguro Popular.
El fantasma de la autocracia comienza a materializarse en el actuar de la mayoría oficialista que dice ir por una “cuarta transformación” que hasta hoy, solo puede acreditar una efectiva concentración de poder en beneficio de su cúpula, mientras la terca realidad nos afecta a todos los mexicanos sin importar las etiquetas y la polarización que promueven. De seguir así, el “Detente” se los pondrán en las elecciones de 2021, pues el pueblo quita y pone en función de resultados, no de discursos y menos de abusos.
Diputada federal mexiquense.
@AnaLiliaHerrera
