La movilidad social ascendente en México, es una de las más bajas en el mundo. En nuestro país, para la gran mayoría de sus habitantes, origen es destino, pues quien proviene de hogares con ventajas económicas, tiene una alta probabilidad de mantenerse en esa situación en la edad adulta, mientras quienes crecieron en contextos de pobreza, son propensos a permanecer en esa misma condición, según datos del estudio Desigualdades en México 2018, editado por El Colegio de México en alianza con BBVA Bancomer.
El documento, coordinado por Melina Altamirano y Laura Flamand, tuvo entre sus propósitos enriquecer las plataformas de los candidatos en las elecciones presidenciales del mismo año, en las que por primera vez ganó una coalición de “izquierda” que, al menos en el discurso campañero, dijo que atendería primero a los pobres.
Se trata de un análisis que, por su perspectiva actual y en retrospectiva al año 2000, bien podría utilizarse para orientar muchas de las políticas en México que, más que desaparecer o reinventarse, requerirían continuidad y fortalecimiento.
Entre sus diferentes comparativos, el estudio presenta la movilidad en términos de acceso a bienes y servicios disponibles en el hogar de origen y en el actual, como acceso a agua potable, estufa, electricidad, refrigerador, lavadora, licuadora, teléfono fijo, computadora, videocasetera, horno de microondas, televisión por cable, ser dueño de su vivienda, de un local, terreno u otro, de automóvil, tractor, animales o ganado, cuenta de banco, tarjeta de crédito y escolaridad.
Así, el país más cercano a la “movilidad social ascendente perfecta” sería Canadá con un 13 de 20%, seguido por países como Dinamarca, Francia, Suecia e Italia y, más abajo, Reino Unido y Estados Unidos. En tanto, la movilidad de ingreso ascendente en nuestro país, se ubica en el último lugar con 2.1 por ciento.
De acuerdo con los especialistas de El Colegio de México, “la educación tiene un papel fundamental en la movilidad social y la igualdad de oportunidades, ya que las credenciales educativas son un requisito básico para acceder a la mayoría de los puestos de trabajo calificados (y mejor remunerados…) independientemente de su impacto en otros aspectos de vida, como la salud, la fecundidad, la equidad de género o la ciudadanía democrática”.
Sin embargo, las prioridades del nuevo régimen no pasan del discurso al presupuesto, pues aunque se ufana de atender la educación como una prioridad y de trabajar para revalorizar el papel de los docentes, el presupuesto de egresos planteado y aprobado por Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, es francamente contradictorio.
Para empezar, el Presupuesto 2020 no incluye recursos adicionales para la innovación y actualización de los planes de estudio de las Escuelas Normales y sí reduce más de 40 por ciento la asignación para fortalecer dichos servicios.
Y aunque también fue parte de los acuerdos conseguidos por la oposición en la Reforma Educativa Constitucional, tampoco se incluyó el Fondo Especial para cumplir con los principios de obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, y ni qué decir de los recursos destinados a educación inicial, educación inclusiva y básica comunitaria, que registraron reducciones inadmisibles y contrarias al texto constitucional.
Es urgente que sigamos levantando la voz para no permitir retrocesos en materia educativa, reconociendo que no solo se trata de un derecho humano fundamental, sino también de un elemento vital en la producción de riqueza social, en el que México no debe escatimar.
Como lo refiere el análisis de El Colegio de México, frente a las graves desigualdades educativas que prevalecen en el país, “es indispensable que el Estado garantice que la calidad educativa de todos los niveles, desde el diseño institucional, hasta la dotación de recursos materiales y humanos ya no refleje las diferencias socioeconómicas del espacio donde se inscribe”. Origen, no siempre debe ser destino.
Diputada federal mexiquense.
@AnaLiliaHerrera
