“De todo corazón” es vital exigir congruencia y respeto a la ley: los servidores públicos de cualquiera de los poderes, niveles de gobierno y sin distingos partidistas, deben pensar, hablar y actuar para erradicar la violencia contra las mujeres.
Es inadmisible que el propio Estado mexicano promueva estereotipos que fomentan el machismo y la violencia en perjuicio de la dignidad y los derechos de las mujeres, como lo atestiguamos esta semana cuando el subdelegado del ISSSTE en Michoacán llamó “pirujas” a derechohabientes de esa institución o con la campaña de la Secretaría de Salud que promueve la prevención del cáncer de cuello uterino para que las “esposas” vivan más.
Justificando sus dichos por la situación financiera del ISSSTE y en la búsqueda de “encontrar una solución adecuada”, el exlíder de las autodefensas en Michoacán llamó “pirujas” a las concubinas de los derechohabientes, y acusó que por una cuota de 490 pesos al mes, se demande atención médica para tratamientos de enfermedades crónicas, como la hemodiálisis y para “todo su clan”.
En la misma línea, la Secretaría de Salud desplegó una campaña institucional de prevención del cáncer de cuello uterino dirigida a los varones y sus esposas, que reza: “Porque tenemos una mujer importante en nuestras vidas, cuídala y pídele que se haga la prueba de detección, es su derecho”. ¿Pensarán que las mujeres que no son esposas están libres de riesgos o excluidas del derecho?
Ambos son retrocesos que el “nuevo régimen” no se puede permitir, cuando en su más reciente informe, la Comisión Nacional de Derechos Humanos advierte que las políticas contra la violencia hacia las mujeres han demostrado su fracaso ante el aumento de feminicidios en el país y refiere un crecimiento de 3.3% de casos respecto del año pasado, con 63 víctimas de feminicidio al mes.
Cualquier funcionario debería saber y comprender que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establece que la “discriminación contra la mujer” denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.
Así, México está obligado a condenar cualquier forma de discriminación contra las mujeres “por todos los medios apropiados y sin dilaciones” y deberá “velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación.
En 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la discriminación por estado civil, al considerar que “históricamente ha sido tomado para categorizar, excluir, marginalizar y/o discriminar a quienes las tienen o a quienes han sido asociadas”.
Lo ocurrido en esta semana quizá no debería sorprendernos. Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron un Plan Nacional de Desarrollo que carece de un eje sobre igualdad social, política y económica de las mujeres, en tanto que la Cartilla Moral del actual gobierno, que se distribuye masivamente en el territorio nacional, simplemente ignora a las mujeres.
El perfil de un servidor público sí importa y las disculpas, aunque sean “de todo corazón”, son insuficientes. Hacen falta sanciones, pero también presupuestos para capacitarlos sobre igualdad e inclusión, pues aunque en México el Código Civil Federal establece que “la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento”, necesitamos dotar de sentido a las normas para que se respeten los derechos de las mujeres. Ni más, ni menos.
Diputada federal mexiquense
