De 2006 a la fecha, la presencia del Ejército en las calles en tareas de seguridad pública, se ha más que duplicado en México, sin que la violencia baje. Al contrario, los homicidios se han disparado más de 240 por ciento, según datos del Inegi.
De cada diez detenciones por algún delito, nueve son realizadas por elementos policiales estatales o municipales, en tanto que datos del propio Centro Nacional de Seguridad Pública Federal, refieren que la Guardia Nacional puso a disposición del Ministerio Público por el delito de homicidio doloso, apenas a seis personas solo en 2020.
Entonces, ¿cómo garantizar resultados distintos, aplicando la receta de siempre en torno a la principal preocupación que hoy tenemos los mexicanos, que es la inseguridad y su eterna acompañante, la impunidad?
Y tampoco se trata de radicalizar. Nadie quiere sacar abruptamente de las calles al Ejército, pero tampoco abandonar a su suerte a las policías civiles y apostar por la militarización.
Es una discusión con innumerables matices. Plantearla en blanco y negro es la trampa del autoritarismo: los gobiernos estatales y municipales agradecen el apoyo y acompañamiento del Ejército para contener la ola de violencia en sus territorios, pero agradecerían más tener recursos y estrategia, para fortalecer a sus policías civiles.
Hoy, a cuatro años de la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, podemos afirmar que la intención se quedó en el papel, como el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, aprobado en julio de 2019 por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y que contiene las bases para la consolidación de una policía civil proactiva, con proximidad social y una distribución de funciones bien delimitada para prevenir el delito, disminuir la incidencia delictiva y mejorar la percepción de seguridad, además de plantear un modelo de justicia cívica enfocado en la mediación, en la solución de conflictos vecinales y en sancionar faltas administrativas con trabajo a favor de la comunidad.
En los hechos, a los cuerpos policiales se les ha debilitado quitándoles competencias, dejándolos en el olvido en cuanto a capacitación y retirándoles los pocos recursos que tenían para cumplir con el mandato que la Constitución y la ley mandatan. Simplemente en 2021, se eliminaron los 4 mil millones de pesos del Fortaseg que iban dirigidos a los municipios con mayor incidencia delictiva.
Hoy más que nunca es necesario corregir la estrategia de seguridad para que las familias mexicanas podamos tener la paz que tanto deseamos y merecemos. Por tal motivo, presentaré una reforma legal, a fin de instrumentar una estrategia clara de profesionalización, capacitación, certificación y sobre todo de financiamiento para fortalecer principalmente a las policías municipales, que distribuya con claridad competencias en la actuación de las policías en el ámbito federal, estatal y municipal.
Recuperar la tranquilidad en nuestras calles pasa por crear una escuela de profesionalización de mandos policiales, implementar evaluaciones de desempeño, así como crear un Fondo de Ayuda Federal para municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México destinado exclusivamente a la profesionalización, la certificación, evaluación de desempeño y el equipamiento de los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública.
Debemos dejar de pensar que la solución a nuestro problema de inseguridad puede resolverse mediante subsidios o destinando recursos de cuentas congeladas: urge la creación de un fondo de aportaciones especifico que se encuentre considerado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en la Ley de Coordinación Fiscal. Basta de engaños, las prioridades del país se establecen en el presupuesto o no están.
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