La obligatoriedad de la educación superior que hoy tutela la Constitución, es una aspiración que encontró consenso en el Poder Legislativo, pero que exige congruencia en las leyes secundarias y el Presupuesto federal, pues de lo contrario el anhelo compartido se convertirá en frustración y desnudará la demagogia del nuevo régimen.
Peor aún: para un estudiante de bajos recursos, que en muchos casos es el primero de su familia en acceder a este nivel educativo, cursar opciones educativas de baja calidad, solo perpetúa el círculo vicioso e intergeneracional de las desigualdades, como advirtió esta semana Jaime Valls Esponda, titular de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
De cara a la construcción, discusión y segura aprobación del Presupuesto 2020 y de una Ley General de Educación Superior (Morena y sus aliados tienen mayoría en la Cámara de Diputados), es preciso establecer metas que partan de la realidad, para distribuir recursos y responsabilidades, despojados del clientelismo y la irresponsabilidad que hoy, por ejemplo, está dejando sin el 97.6 por ciento de los recursos que tenía, al programa Prepa en Línea para el siguiente año…
Los datos de la Unesco sobre México, fueron contundentes: con solo cuatro de cada diez jóvenes en las aulas universitarias, se ubica 12 puntos por debajo del promedio de América Latina y muy lejos de países como Estados Unidos, donde es de 88.2% y de Perú donde asciende a 70.7 por ciento.
Al respecto, Valls advirtió que los rezagos también permanecen y se amplían al interior del país, como en Oaxaca, donde hace 19 años existía una cobertura 5 puntos menor a la media nacional y ahora es 18 puntos más baja, al igual que en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Durango, Campeche, Tabasco, Colima, Chihuahua, Tamaulipas y Nayarit que, en diferentes medidas, también retroceden.
Alguien replicará que en el “nuevo régimen” primero son los pobres. Y todos estaremos de acuerdo. Sin embargo, ¿por serlo, pueden ofrecerles escuelas “patito”? Porque el proyecto de Presupuesto 2020 entregado por la Secretaría de Hacienda federal a la cámara baja para Educación Superior, solo prevé un incremento real de 1.3% para el sector, que en su mayoría será destinado para las becas y las Universidades para el Bienestar Benito Juárez. Al resto de las instituciones públicas de educación superior las dejan, en el mejor de los casos, con el mismo presupuesto.
Y es que la juventud mexicana no puede competir solo en cantidad. Ampliar la cobertura educativa —agregó el titular de la ANUIES— demanda “calidad, pertinencia y equidad”, por lo que el crecimiento de la matrícula debe ir acompañado de presupuesto suficiente para pagar nuevos maestros y dotar a las instituciones del equipamiento necesario: talleres, bibliotecas, equipo tecnológico y mantenimiento de su infraestructura.
Si deseamos que los egresados de las aulas públicas sean competitivos en el mercado laboral, sus programas de licenciatura o de técnico superior universitario, deben acreditar su calidad y, por tanto, ser sujetos a la evaluación permanente de sus insumos, procesos y resultados del aprendizaje de sus estudiantes.
Finalmente, la pertinencia es vital. Las opciones de estudio deben vincularse a su aplicabilidad en el mercado de trabajo. Datos del IMCO revelan que “44% de los empleadores dice que es difícil encontrar empleados con habilidades necesarias y 43% reporta la escasez de habilidades como uno de sus principales obstáculos”. ¿O qué no la prioridad es que después de la educación superior, puedan trabajar?
Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados tienen los votos necesarios para aprobar el presupuesto y una nueva norma que rija a la educación superior en el país. El nulo crecimiento económico del que son responsables, no puede ser pretexto para equivocarse en la construcción de una estrategia integral y una distribución de recursos que brinden certidumbre a la juventud mexicana y sus familias, no demagogia.
Diputada federal mexiquense.
@AnaLiliaHerrera
