Imagina que en tu colonia las y los vecinos deciden ponerse de acuerdo para priorizar si solicitan a las autoridades invertir en alumbrado público o pintar las fachadas de sus casas.
Es cierto que la imagen urbana mejoraría notablemente con una buena mano de pintura, pero también lo es, que los asaltos a casas habitación y a transéuntes, se han multiplicado en la misma medida que el número de luminarias apagadas.
Para tomar la decisión, se acuerda realizar una consulta pública a los colonos. Sin embargo, algunos vecinos interesados en que se pinten sus casas, una semana antes de la votación, invitan a familiares y amigos de otras colonias, a que participen en dicha consulta.
Al final, gana la propuesta de pintar las fachadas con una mayoría de votos de personas que no viven en la colonia y que no saben la urgencia real de poner un alto a la inseguridad. ¿Te parece justo?
Lamentablemente, esto también sucede en los procesos electorales y se conoce como “Turismo Electoral”, una práctica ilegal para influir en el resultado de una contienda, que consiste en el cambio temporal de la credencial de elector de personas cuyo domicilio real, es ajeno a la entidad federativa o el municipio donde se llevará a cabo una elección.
Un delito por el que el Instituto Nacional Electoral (INE) puede imponer sanciones administrativas a quienes proporcionen información falsa al Registro Federal de Electores, así como multas a partidos y funcionarios partidistas que contribuyan con esas prácticas.
En estas mismas páginas, hace algunos meses Héctor De Mauleón dio cuenta de la denuncia que presentó la alianza Va por Hidalgo, ante el “crecimiento inusual” de la lista de electores en ese estado, que meses previos a la elección del año pasado aumentó en 136 mil 165 electores, para luego descender de forma drástica unos días después de las votaciones, cuando perdió 106 mil 328 personas.
De cara a la renovación de la gubernatura del Estado de México, un grupo de legisladores federales mexiquenses, encabezados por el diputado Miguel Sámano Peralta, presentamos una iniciativa para reformar la Ley en materia de Delitos Electorales, a fin de imponer una multa de 60 a 200 días y una pena de 3 a 7 años, a las personas que notifiquen al INE su cambio de domicilio, haciendo uso de documentación e información falsa, con la intención de participar en un proceso electoral que no les corresponde.
Se trata de endurecer las sanciones contra el turismo electoral, ya que actualmente la ley ya prevé multa y prisión para quienes promuevan esta práctica, pero no contra quienes la realizan.
En tiempos de tentaciones autoritarias, donde a falta de resultados se imponen las amenazas, el clientelismo y por ende la violación a la norma y a nuestros derechos, es preciso recordar que la defensa del INE significa proteger la libertad y secrecía de nuestro voto como ciudadanos; que los programas sociales son un derecho que resguarda la Constitución por decisión de todos los partidos y que condicionar el voto o cualquier tipo de presión para votar por cualquier partido, es un delito.
No es casual que el “Plan B” impulsado por el oficialismo atente contra la integración del Padrón Electoral, además de la tramitación y expedición de las credenciales de elector, pues al desaparecer –como pretenden— las vocalías del Registro Federal de Electores en el ámbito distrital, careceríamos de personal especializado para garantizar la confiabilidad de la información y del proceso mismo.
Denunciar cualquiera de estas prácticas es nuestro derecho. Cuidar la democracia significa, literal, cuidar nuestra casa de personas o partidos que, si tienen la audacia de querer comprar una elección, querrán llegar al gobierno para atender sus compromisos e intereses, en lugar de nuestras causas y necesidades.
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