Este 2020 será recordado en femenino: la Covid-19 y la lucha sin pausa por los derechos de las mujeres que abandonamos las calles a raíz de la pandemia, pero nunca la exigencia de normas, presupuestos y políticas que garanticen la igualdad que tutela la Constitución.
El mundo al revés, “… el mundo tal cual es, con la izquierda a la derecha, el ombligo en la espalda y la cabeza en los pies”, que describía Eduardo Galeano en 1998, describe al México donde hoy los principales retrocesos en las políticas de atención a las mujeres, se impulsan desde el gobierno federal, donde se considera normal que nos encarguemos del trabajo no remunerado que significan las tareas de cuidados en casa, porque los hombres son “más desprendidos” y desde donde se recortan presupuestos y programas que costaron años de lucha y cuya ausencia podría cobrar la vida de mujeres que ni siquiera tienen acceso al conocimiento de sus derechos.
Frente a esa visión retrógrada, necesitamos cambios de fondo, que partan desde tomadores de decisiones que no cuenten con antecedentes de ser deudores de pensión alimenticia, de ser acosadores sexuales ni agresores por razones de género.
Quien ejerce un cargo público, debe cubrir requisitos de eficiencia, honorabilidad, honestidad, probidad, imparcialidad y buena reputación; para el caso de Ministros de la Corte, incluso se exige gozar de buena reputación y no haber sido condenado por un delito que lastime seriamente la buena fama en el concepto público.
Si retomamos la fama del concepto público, implica ser una persona confiable, honorable, capaz de cumplir con las máximas de no discriminación, igualdad y respeto, en suma, de cumplir con la Ley, pues sus decisiones se traducen en leyes, sentencias y deberían hacerlo en acciones afirmativas para revertir la desigualdad existente.
Así que por más votos y simpatías que se tenga una persona, deberá acreditar congruencia en su actuar público y privado, pues ejercer violencia desde una situación de privilegio, es intolerable.
La violencia contra las mujeres es un asunto de Estado y desde ahí debe prevenirse y erradicarse. Por eso, en días pasados un grupo plural de legisladoras: Laura Rojas, del PAN; Lorena Villavicencio, de Morena; Verónica Juárez, del PRD, y quien esto escribe, del PRI, abrazamos la iniciativa 3 de 3 contra la violencia que impulsa el colectivo Las Constituyentes Feministas de la CDMX, con el compromiso de presentar una iniciativa en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre.
Serían requisitos para ocupar un cargo de elección, designación o concurso, no contar con registro en el Padrón de Deudores de Pensión Alimentarios; no haber sido condenado o sancionado por delitos sexuales, ni haber sido condenado o sancionado por violencia familiar.
Al cuidar la existencia de una condena o sanción mediante resolución firme, no se trata de una prohibición especuladora, además que habrá que establecer una temporalidad, en el sentido de que la persona condenada haya cumplido con la sentencia o resolución y se haya reinsertado a la sociedad.
El derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y violencia, implica la obligación de cualquier autoridad de actuar con la debida diligencia y coordinación, a fin de prevenir, investigar, sancionar y reparar las afectaciones a nuestros derechos. Empezar por garantizar la congruencia de quienes ejercen el poder, es un acto de justicia que evitará abusos, prestigiará el quehacer público y nos devolverá la confianza en las instituciones.
Diputada federal mexiquense.
@AnaLiliaHerrera
