Desde hace semanas, se intensificaron las acciones de protesta de familiares, amigos, abogados y vividores de la memoria de los desaparecidos 43 estudiantes de Ayotzinapa.
A sus reclamos habituales incorporaron acciones violentas contra recintos oficiales capitalinos, circunstancia que solamente había ocurrido en el cada vez más echado a perder estado de Guerrero.
Su última barbaridad fue derribar una puerta lateral del Palacio Nacional porque insistieron sin éxito entrar al lugar, cuando el Presidente daba la Mañanera. Lograron un poco de atención y volvieron a su tierra. ¿Lo que consiguieron era genuinamente del interés de los padres?
Quizás no de todos. Desde hace tiempo corre la versión de que están divididos: unos que siguen al abogado Vidulfo Rosales y otros a quienes se identifica como “del grupo de José Luis Abarca”, el tristemente célebre exalcalde de Iguala, que habrían llegado a un acuerdo económico con la SEGOB para que convalidaran las investigaciones que ha hecho el actual gobierno.
La violencia de los últimos días pudo ser para evitar ese supuesto acuerdo.
Un propósito adicional sería treparse al escenario electoral para lograr la atención de las candidatas. Y todo esto cuando en cinco meses se cumplen 10 años de la tragedia.
¿Quiénes estarían detrás? Según fuentes oficiales:
Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras La Parota.
(Las fuentes, de primerísimo nivel, aseguran que cuenta con 5 carpetas de investigación por robo calificado, lesiones agravadas, lesiones simples, despojo, ataques a las vías de comunicación, motín y sabotaje).
Rogelio Téliz García, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y abogado de Marco Antonio Suastegui Muñoz. (Desde 2014 junto con Vidulfo Rosales habría encabezado diversas movilizaciones en el estado de Guerrero).
Ramos Reyes Guerrero, líder de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, quien está acusado de la retención de Policías Federales en Tlapa de Comonfort, Guerrero, en 2015. (Las fuentes aseguran que tiene vínculos con grupos que operan en la región de la Montaña Alta de Guerrero, además de estar relacionado con el Movimiento Popular Guerrerense que congrega a organizaciones sociales, maestros disidentes, sindicatos, estudiantes normalistas, padres de familia y policías comunitarias).
Abel Barrera Hernández, quien fundó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en 1994. (Desde sus inicios, dicen las autoridades, estuvo ligado a la defensa de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos. En 2011 los asesoró cuando elementos de la Policía Federal y la ministerial de Guerrero desalojaron violentamente a los jóvenes estudiantes en la Autopista del Sol y asesinaron a dos ellos. A la fecha los sigue asesorando en el movimiento por la desaparición de los 43 normalistas).
Además, el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado, de La Parota, serían los responsables de las manifestaciones, cierre de vialidades, toma de casetas y agresiones a edificios públicos en Guerrero y la Ciudad de México.
Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro Pro de Derechos Humanos y María Luisa Aguilar Rodríguez, coordinadora en el área internacional del Centro Pro de Derechos Humanos son los enlaces con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El Presidente menciona repetidamente al senador Emilio Álvarez Icaza por sus fuertes vínculos con el Centro Pro.
Demasiados cocineros para algo que ya se ha convertido en un engrudo. Y por si no fuera suficiente un policía asesinó a otro estudiante, hace unos días.
