La elección del 4 de junio en el Estado de México va a dejar nuevos damnificados porque, como pocas veces, las encuestas son utilizadas como arma política para bajonear a los rivales.
Tanto Delfina Gómez como Alejandra del Moral han basado mucho de su discurso en supuestas ventajas: Que si va adelante 20 puntos, que si ya la alcanzó, que si caballo que alcanza gana… Esto genera un vacío, desilusión y hartazgo por el bajo nivel de verdad que conllevan.
Según el Instituto Nacional Electoral, la regulación de encuestas electorales comenzó en 1993, cuando se incluyó en el viejo COFIPE la obligación de entregar al entonces Instituto Federal Electoral el estudio que respaldara los resultados de encuestas que se publicaran.
Tres años después, se legisló para que se adoptaran criterios científicos para su realización, los cuales serían aprobados por el Consejo General.
Esto, porque la principal obligación legal de quienes elaboran y dan a conocer encuestas sobre preferencias electorales es entregar el estudio completo que respalda los resultados
Al respecto, la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública dice que “para que una encuesta retrate la realidad es preciso que siga de manera rigurosa la metodología adecuada para obtener el tipo de información que se desea”.
Destaca que los datos que se muestran en una encuesta representan la percepción de la ciudadanía en un tiempo específico. Es decir, son la fotografía de un momento y lugar determinados, basados en una muestra representativa que se seleccionó para el levantamiento de datos.
Del 8 de marzo al 18 de abril, el Instituto Electoral del Estado de México contabilizó 42 encuestas y sondeos de opinión.
No todas han cumplido los requisitos mínimos, por lo que su análisis llegó hasta las máximas instancias electorales, en un juicio que inició el 8 de febrero, por la “presunta elaboración de encuestas sobre las preferencias electorales en el Estado de México, las cuales fueron difundidas en periódicos digitales y en diversas redes sociales porque, a su parecer, no cumplían con la metodología y los criterios científicos, acorde a la normativa legal aplicable, para su elaboración y difusión”, según se lee en la sentencia del TEPJF..
Se determinó que, en efecto, la autoridad electoral local debe pronunciarse sobre si la personas o empresas cuyas encuestas fueron publicadas por diversos sujetos cumplieron con los parámetros legales pues no se verificó que las difundidas por las encuestadoras y reproducidas por diversos usuarios en redes sociales e internet, hubiesen cumplido con la metodología y los criterios para su elaboración acorde a la normativa legal aplicable.
Mientras esto sucede, Delfina Gómez y su equipo presumen encuestas que la ponen con una ventaja de entre 18 y 26 puntos, y Alejandra del Moral y su cuarto de guerra aseguran que ya alcanzaron a su texcocana rival.
Habrá que esperar para ver quienes le atinan al resultado de las elecciones del 4 de junio. Ya solo faltan unos días para que termine la guerra de encuestas que sólo beneficia a quienes las realizan, que son los que cobran, y se ha visto antes que algunos benefician a quienes los contratan.
No es ningún secreto que hay encuestas a modo. Los encuestadores lo saben, pero no lo denuncian porque se darían un balazo en el pie. Entre los pecadores pagarían algunos justos. Comencemos por no creer a las encuestas telefónicas, que se realizan con robots. Las malas encuestas confunden y desalientan a participar. La realidad podría no ser la que cacarearon durante meses.
Patriotas y traidores.
En Coahuila, no habría novedad. Sería el colmo que perdiera el PRI.