El Presidente de México se ha convertido en un tirano, si asumimos la definición del diccionario: “que abusa del poder político y gobierna de manera totalitaria, sin limitaciones legales” y en un autócrata, si lo entendemos como quien “encabeza un gobierno que concentra el poder en una sola figura, cuyas acciones y decisiones no están sujetas ni a restricciones legales externas ni a mecanismos regulativos de control popular”.
O sea, los derechos del Presidente están por encima de las leyes que se aplican a los demás, ¡cuál pirámide de Kelsen ni que ocho cuartos!
La expresión más reciente ocurrió ayer cuando durante su conferencia de prensa mañanera, el Presidente fue cuestionado por la corresponsal de Univisión en México, Jessica Zermeño.
Le pregunta inicial, fue ¿por qué dio a conocer el número telefónico de la corresponsal del New York Times en México que ella había incluido para recibir respuesta a sus cuestionamientos sobre un reportaje que tituló “Estados Unidos examinó acusaciones de vínculos de cárteles con aliados de Presidente de México”?
En este trabajo firmado por los periodistas Alan Feuery y Natalie Kitroeff se consigna que “uno de los informantes les dijo a los investigadores que uno de los confidentes más cercanos de López Obrador se reunió con Ismael Zambada García, un alto líder del cártel de la droga de Sinaloa, antes de su victoria en las elecciones presidenciales de 2018. Una fuente diferente les dijo que después de la elección del Presidente, un fundador del notoriamente violento cártel de los Zetas pagó cuatro millones de dólares a dos de los aliados de López Obrador con la esperanza de salir de prisión. Los investigadores obtuvieron información de una tercera fuente que sugería que los cárteles de la droga estaban en posesión de videos de los hijos del Presidente recibiendo dinero de la droga, según muestran los registros. López Obrador negó todas las acusaciones hechas por los informantes”. El gobierno de Estados Unidos negó que hubiera una investigación abierta sobre este tema.
La respuesta del Presidente fue minimizar su transgresión de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados: “ustedes se sienten bordados a mano, como una casta divina, privilegiada. Ustedes pueden calumniar impunemente, como lo han hecho con nosotros (…) me están vinculando a mí y a mi familia con el narcotráfico, sin pruebas”.
Y la reportera insistió: “¿usted no ve ningún error?”.
“No”.
“¿Volvería a publicar un teléfono privado de alguno de nosotros?”.
“¡Claro!, cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del Presidente de México”.
“¿Y qué hacemos con la ley?”
“No, por encima de esa ley está la autoridad moral y la autoridad política y yo represento a un país, a un pueblo que merece respeto, no va a venir cualquiera a sentarnos en el banquillo de los acusados, porque no somos delincuentes, tenemos autoridad moral”.
“Si le pasa algo, ¿a quién hacemos responsable?
Si la compañera está preocupada por su teléfono, que lo cambie” (…) ¿Quién me va a reparar del daño, quién le va a reparar el daño a mis hijos?”.
Y la cereza del pastel:
“No caigan en autocomplacencia, tengan capacidad para la autocrítica y bájenle una rayita a su prepotencia”.
El presidente López Obrador se mostró tan autoritario, como quizás siempre ha sido.
Su enojo parece reflejar que las cosas no le están saliendo bien, ni para lo que viene ni para el legado que pretendía dejar.
Allá él, siempre cuándo no nos arrastre en su caída.