En su carrera afiebrada por derruir las instituciones del pasado neoliberal, incluso algunas que fueron creadas como respuesta a reclamos ciudadanos, como los organismos autónomos que, aun con sus defectos, favorecen la rendición de cuentas y la transparencia, y en su afán por conducir al país hacia un destino incierto, los alfiles de la 4T empujan con apresuramiento, iniciativas que llegan a configurar más que un disparate, un riesgo a nuestra precaria democracia y a la seguridad nacional.
Con el pretexto de beneficiar a los trabajadores migratorios que traen algunos de sus ahorros en efectivo (el grueso lo envían a través de transferencias bancarias), la iniciativa de reformas a la Ley del Banco de México, de Ricardo Monreal, pretende convertir al Banco de México en una “lavandería” de los dineros ilícitos del crimen organizado.
Frente a los argumentos del propio Banco de México y las advertencias de los subgobernadores Gerardo Esquivel y Jonathan Heath, la respuesta del senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, ha sido grosera y demagógica.
Esquivel advierte los riesgos en un tuit del 10 de diciembre: “Lamentable que se hayan aprobado en el Senado reformas que ponen en riesgo a las reservas internacionales y que atentan contra la autonomía del Banco de México. Espero que en la Cámara de Diputados se corrija esta situación”.
Y Jonathan Heath no duda en denunciar una propuesta dirigida a beneficiar a una empresa con problemas con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos que no tiene capacidad para repatriar dólares. No necesita decir su nombre, se trata de Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, ayer miembro de la “minoría rapaz” y hoy amigo y aliado del presidente López Obrador.
El senador Armenta defiende la iniciativa con argumentos para las graderías, dice que la reforma habla “a favor de nuestros hermanos trabajadores migrantes” y, para hacerlo acusa al Banco de México de estarse comportando como una dependencia del FMI. “Ellos [Banxico] ven por intereses financieros, mientras nosotros, en el Senado, vemos por el pueblo,” argumenta.
En un país en el que las instituciones que tienen la responsabilidad de ser un contrapeso al Poder Ejecutivo, están sometidas al presidente, el Banco de México es una de las raras opciones para mantener la sensatez.
En solo dos años, López Obrador ha desaparecido en unos casos, capturado o doblado en otros, a instituciones claves del sistema político. Pero no ha terminado. Y le urge avanzar lo más posible porque sabe que nada garantiza que en las elecciones del 6 de junio prevalezca la mayoría legislativa de Morena y sus socios, y entonces podría constituirse un bloque opositor que frene sus iniciativas e interrumpa la marcha hacia no sabemos dónde.
Promover una reforma que ha encendido los focos rojos en organismos financieros internacionales y en calificadoras como Moody’s es mucho más que una irresponsabilidad y, por desgracia, el reciente aplazamiento de su discusión en la Cámara de Diputados no garantiza nada.
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario.
@alfonsozarate