La escena es dantesca y el mensaje ominoso: la cabeza del alcalde de la capital del estado, Alejandro Arcos Catalán, exhibida en el toldo de un vehículo, mientras su cuerpo —el resto de su cuerpo—, asoma en el lugar del copiloto. Es un acto de terrorismo, se trata de sembrar miedo entre la población y de advertir a quienes gobiernan que si quieren conservar su vida tiene que pactar con ellos (como ocurre en Sinaloa, según reconoció el gobernador Rubén Rocha). Unos días antes de asesinar al alcalde, sicarios ultimaron al secretario del ayuntamiento, Francisco Gonzalo Tapia, y antes a Ulises Hernández, quien sería secretario de seguridad pública, pero nada de esto movió a las autoridades del estado ni a las federales a intervenir ante la emergencia.
¿Cuánto tiempo podrá seguir negándose la realidad: que el crimen organizado gobierna crecientemente más territorios, que la estrategia de “abrazos, no balazos” se ha traducido en una negación del Estado de Derecho (¿dónde queda el Estado como depositario del monopolio en el uso de la violencia legítima?)
Mientras el país se descompone, el gobierno apuesta a “atender las causas estructurales de la violencia” y otra vez replica la ingenuidad de pensar que “generando oportunidades para que los jóvenes tengan acceso a una mejor calidad de vida” —¿Jóvenes sembrando vida?— alejará a los de mala entraña de su reclutamiento por grupos delictivos.
La estrategia nacional de seguridad presentada el martes no reconoce la gravedad de este tiempo, insiste parcialmente en una estrategia fallida y no permite una lectura esperanzadora de lo que viene. ¿Qué significa “evaluar a las policías y a las fiscalías locales”? ¿Al fin se avanzará en la “modernización, profesionalización y moralización de las corporaciones policiales”, como lo proponía hace 40 años el Programa Nacional de Seguridad Pública encabezado por Ignacio Morales Lechuga?
Los criminales operan con absoluta desfachatez ante la pasividad de las policías locales, la Guardia Nacional y las fuerzas armadas que tienen la consigna de evitar confrontarlos. De nada servirá fortalecer a la Guardia Nacional mientras se le ordene cumplir un papel testimonial y supuestamente inhibidor de las bandas criminales?
Por otra parte, ¿qué significa “neutralizar”? y una pregunta más: ¿porqué crear la Subsecretaría de inteligencia cuando ya existe el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)?
Sin duda es una buena noticia la “coordinación absoluta en el gabinete de seguridad con las entidades federativas”, pero sigue faltando el acercamiento sistémico e integral (de todas las instituciones del Estado y de la sociedad civil) al desafío descomunal del crimen organizado.
Entre la razones estructurales que explican este epidemia criminal está, en primer lugar, la impunidad, nada alienta, más la comisión de un delito que la certeza de que permanecerá impune. Enfrentar al crimen organizado, como lo ordenó el presidente Felipe Calderón, es hacer lo correcto, lo que le corresponde al Estado, no simular, no hacerse de la vista gorda. La simulación es más que una cobardía, una traición a México.
