Distintas maniobras de los años recientes muestran crudamente cómo se ha dado el proceso que le permitiría al presidente repudiar los resultados adversos para Morena el 2 de junio:
-La proclama “¡al diablo sus instituciones!”, que constituyó la advertencia de que llegado el momento buscaría desaparecer o secuestrar a aquellos organismos que constituyen un contrapeso al poder presidencial.
-El golpeteo al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que socava su autoridad y los deja muy maltratados.
-La intimidación a aquellas instituciones, organismos o medios de comunicación que advierten sobre los riesgos de la deriva autoritaria en curso.
-Su idea de que, ante las dudas sobre qué debe prevalecer la ley o la justicia, hay que optar por la justicia.
-El intento de prorrogar el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez (declarado inconstitucional en el 2020) y, al año siguiente, de prorrogar el periodo del ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, con el argumento de que era el hombre indispensable para llevar a cabo la gran reforma del Poder Judicial.
Pero la parte más perturbadora de este escenario, ciertamente improbable, es que, ante un resultado electoral adverso por un margen mínimo (inferior al 5%), lo que seguiría sería el dislocamiento de la vida económica, social y política de México como paso previo a la revuelta popular. López Obrador encabezaría la feroz movilización para repudiar los resultados de las elecciones y en ese esfuerzo lo acompañarían sus bases sociales y los legisladores y gobernadores de Morena.
Se darían bloqueos en las arterias principales de los grandes centros urbanos del país y de las vías de comunicación (el bloqueo a Paseo de la Reforma de 2006 sería apenas una parodia comparado con lo que ocurriría ahora); se desatarían las expresiones enardecidas de grupos populares ante “el fraude” que ya había anticipado el Presidente; se producirían asaltos a instalaciones del INE y del TEPJF en los estados, así como a medios de comunicación críticos al gobierno.
En ese escenario de caos, la Guardia Nacional y el Ejército se mantendrían inmóviles. En los gobiernos estatales de Morena, también se paralizarían las policías estatales. Ante el desquiciamiento —el tigre andaría suelto— aparecería el fantasma del golpe de Estado, y el único capaz de encerrar al tigre sería López Obrador.
Así se explicaría la conversión de las fuerzas armadas en el sustento principal de la Cuarta Transformación al tiempo de convertirlas en beneficiarias de tajadas muy grandes del poder y los negocios. López Obrador ha cubierto de oro a sus altos mandos que, en una hora crítica, tendrían que decidir estar con la Constitución o con lo que les ordene su Comandante en Jefe (Este es uno de los desenlaces que analizo en mi obra más reciente: México en la encrucijada: ¿democracia o autoritarismo?, México, GCI, 2024.). ¿Esto significa que a la oposición le conviene apostarle a la derrota? No, hay que apostarle a un triunfo contundente. ¿Difícil? Sí, pero vale la pena ir por la hazaña.
